La respuesta ha sido en bloque y rotunda. Las cuatro asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociacion Judicial Francisco de Vitoria,
Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han criticado muy duramente un «rollup» de la campaña que presenta los logotipos del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Instituto Balear de la Mujer y la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Gobierno de las Islas Baleares.
En el mismo aparece el dibujo de un juez con toga que se dirige a una mujer con un brazo en cabrestillo diciéndole: «¡¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva!!».
Huelga decir que la foto del «rollup» de la campaña con el dibujo se volvió inmediamente viral ayer por la tarde en las redes por las que se comunican los redes y magistrados, expresando su indignación y la manipulación que suponía.
Pero sobre todo, el hecho de que estaba pagado con dinero público. Con el dinero de los impuestos de todos.
Las cuatro asociaciones han sido muy contundentes, en su comunicado de respuesta:
«En primer lugar, entendemos que el cartel resulta contraproducente en relación con el fin que, teóricamente, debe perseguir, pues, precisamente,
desincentiva que cualquier mujer que sufra maltrato se decida a interponer una denuncia«, afirman, lo primero de todo.
PROYECTA UNA IMAGEN FALSA DE LA REALIDAD
Es lo que creen los representantes de los jueces: «El cartel incurre en estereotipos y tópicos falsos, ridículos e injustos. Los profesionales de la Justicia sean mujeres u hombres, trabajan diariamente, muy duro, y en condiciones no siempre idóneas, para tratar de atender a las víctimas de violencia machista. Además, el propio dibujo proyecta una imagen falsa de la realidad, puesto que tres de cada cuatro juezas y jueces de violencia sobre la mujer son mujeres (según la Memoria anual 2021 del CGPJ)».
EL DINERO HUBIERA ESTADO MEJOR INVERTIDO EN DOTAR DE MEDIOS A LOS ÓRGANOS JUDICIALES
Es lo que piensan: «La inversión efectuada por parte de los organismos públicos para luchar contra la violencia sobre la mujer estaría mucho mejor aprovechada si se dedicase a dotar de medios a los Juzgados y Tribunales que conocen de esta materia de mayores medios materiales y personales, así como inversión en educación en igualdad y en recursos asistenciales para las víctimas, en lugar de carteles difamatorios y desincentivadores de las denuncias».
TIENEN MEMORIA
Y recuerdan que no es la primera vez que se lleva a cabo una campaña de estas características, difamatoria –adjetivo que no utilizan en el comunicado pero sí los miembros del poder judicial que han intervenido indignados en redes–.
«Ya en 2019 el Ayuntamiento de Oviedo promovió otra similar. Constituye una irresponsabilidad que desde las instituciones públicas se dé pábulo a este tipo de mensajes», subrayan.
Para terminar, las cuatro asociaciones de jueces se reafirman en la libertad de la dibujante para expresar sus ideas y sentimientos del modo que quiera, pero denuncian el desacierto de las instituciones que amparan el dibujo por «contribuir, con su apoyo, al descrédito de las y los profesionales que, con esfuerzo y vocación, trabajan a diario para acabar con la detestable realidad de la violencia machista, y a la propagación de una imagen falsa, trasnochada y estereotipada de la judicatura española».
