Vicente Magro ha sido uno de los grandes jueces pioneros en hacer realidad la lucha contra la violencia de género, y doméstica, desde la Presidencia de la Audiencia Provincial de Alicante. Carlos Berbell/Confilegal.
Vicente Magro: «El Pacto de Estado contra la violencia de género es la mejor noticia que podríamos recibir»
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25/7/2017 15:18
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Actualizado: 25/7/2017 15:21
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Vicente Magro, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y uno de los grandes expertos en la lucha contra la violencia de género, lo tiene muy claro: «El Pacto de Estado contra la violencia de género es la mejor noticia que podíamos recibir».
Magro fue uno de los 66 expertos (jueces, fiscales, psicólogos, trabajadores sociales, gente que trabaja en ayuntamientos…) que comparecieron ante la Subcomisión Pacto de Estado en materia de violencia de género, del Congreso de los Diputados, que ayer aprobó por unanimidad un texto definitivo que contiene un total de 200 medidas a aplicar, al cual está previsto que se le dote con mil millones de euros durante cinco años.
Un texto que, con modificaciones menores, previsiblemente se aprobará el próximo viernes en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja. Luego tiene que someterse a votación en el Pleno del Congreso.
Magro ha sido, además, uno de los pioneros en la lucha contra esta lacra cuando ocupaba la Presidencia de la Audiencia Provincial de Alicante. Allí montó un servicio de atención directa a las víctimas de maltrato físico y psicológico.
«Las víctimas comparecían de forma anónima. Hablaban con los psicólogos y conmigo. No había denuncia de nada. Simplemente contaban su problema. Eso nos permitió conocer de primera mano lo que piensan las víctimas de maltrato físico y psicológico y lo que les sucede», explica.
«Y también conozco muy bien a los maltratadores. Desde 2004 hemos estado haciendo cursos de reeducación. El maltratador sabe lo que hace, pero se amparan en que están malos o están locos. Es mentira. No tiene una enfermedad mental que lleva a maltratar. Sabe lo que está haciendo. En nuestra estadística, que comprende a 4.000 maltratadores, es un 5 por ciento la estadística que tienen una alteración psíquica cuando han delinquido. El 95 por ciento saben lo que están haciendo», añade.
De acuerdo con Magro, de los 4.000 maltratadores que han tenido que pasar por cursos de reeducación se han recuperado «el 93 por ciento. La cifra de reincidencia es del 7 por ciento», de maltratadores en Alicante. «Los resultados son espectaculares. Por eso estos cursos son altamente eficaces».
Una de las 200 medidas
Precisamente, esta es una de las 200 medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, los cursos de reeducación de maltratadores.
«Se van a potenciar, con una homologación a nivel nacional. Y con la obligación se hacer un seguimiento. El problema es que hay sitios en los que no se llevan a cabo estos programas de reeducación, cuando son medidas obligatorias impuestas por el juez en la sentencia, en el caso de que acuerde la libertad», cuenta.
«Aquí hubo una mala interpretación al principio. Se pensaba que todos los maltratadores condenados no iban a la cárcel y les daban un curso. Y esto es cuando el delincuente sea primerizo y el hecho sea leve. Son dos circunstancias que concurren. Lo que hacían los jueces hasta la fecha era dejarlos en libertad sin más, acordando la libertad condicional sin ninguna medida accesoria. Ahora lo que se exige es que, en ese caso, el juez pueda suspender la pena pero con la obligación de seguir este programa», señala.
Supresión de la atenuante de confesión
Otra de las medidas contempladas es la supresión de la atenuante de confesión y reparación del daño causado, en los casos de violencia de género.
«Fue una de mis propuestas y que el Observatorio contra la violencia doméstica y de género asumió com propias», relata Magro.
«En Alicante detectamos que de 4 asesinos, 2 se entregaban a la Policía y se les aplicaba esa atenuante junto con la reparación del daño causado. No tenía sentido. Porque aplicar esas dos atenuantes suponía, de hecho, un premio al maltratador o asesino. Había que quitarlo y es lo que ahora se propone hacer».
Delitos cometidos en redes sociales
La tipificación, en el Código Penal, de los delitos cometidos en redes sociales, es otra de las propuestas impulsadas por Magro, que, además de ser uno de los autores más prolíficos en materia jurídica -60 libros en total- es también autor de una novela, «Te querré siempre para mí», que versa sobre el matrato.
«Durante mi comparecencia propuse a la Subcomisión la creación de una pena accesoria nueva, que es la prohibición de uso de redes sociales durante 5 años. Además, aquellas personas que injurien a través de esas redes, que usurpen la identidad de su expareja, o incluso que suban a la red vídeos de la expareja, se les imponga la pena que corresponda junto a la citada prohibición de usar redes sociales», revela.
«Se ha pedido la estricta colaboración de los prestadores de servicio. Google, Yahoo, como es crear un filtro propio –como Instagram- y un control de aquellos delitos que se cometen por redes sociales pero que los dejan hasta que no se produce una queja del afectado. Debería existir un comité interno por parte de los prestadores de servicios que, cuando detenten estos hechos, ellos mismos sean los que bloqueen a los que están subiendo esta información a Internet para evitar que se difundiera», cuenta el magistrado.
Modificación del 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Una de las reivindicaciones de asociaciones mujeres y de una parte de juristas es la eliminación, o nueva redacción del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que actualmente dispensa a la víctima de la obligación de declarar contra su cónyuge o pareja agresora.
Muchas mujeres se acojen a ella, por lo que se produce el archivo de casos y sentencias absolutorias por falta de pruebas.
«El artículo no ha sido redactado finalmente. Es un asunto muy sensible. Porque si se pone que las víctimas tienen que declarar obligatoriamente después, una vez que han denunciado puede provocar que muchas de ellas no quieran denunciar. Es un artículo complicado que tiene que partir desde el convencimiento de la víctima de que tiene que declarar. Por eso la redacción final tiene que contemplar que las víctimas sean atendidas por psicólogos especializados en los juzgados de violencia sobre la mujer y en comisarías para que ellas queden convencidas de que tienen que declarar porque eso les va a proteger más contra el agresor», indica.
Un último punto muy importante, según Magro, es la creación de una asignatura sobre tolerancia cero en las escuelas.
«Es fundamental la recuperación de los valores de respeto, de igualdad, de educación para evitar que en el día de mañana estos chicos jóvenes cometan estas tropelías. Y eso tiene que comenzar desde la escuela», remacha.
Para el magistrado la mejor noticia, además del consenso y la unanimidad en torno al Pacto, es la dotación de 1.000 millones de euros durante cinco años para luchar contra esta lacra. Y recuerda que cuando se promulgó la Ley Integral, en 2004, no fue dotada de memoria económica.
Esto sí que va en serio, finalmente.
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