La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) ha tildado este miércoles de «absurdos» los planes de la Generalitat recogidos en la Ley de Transitoriedad para regular el marco jurídico en Cataluña y ha añadido que «no tiene visos de que prospere» porque para ello habría que modificar la Constitución.
En declaraciones a Europa Press, Raimundo de Prado, portavoz de la asociación, ha indicado que el hecho de que pueda existir una doble jurisdicción en Cataluña tras la presunta aprobación de la también conocida como ley de desconexión es una «hipótesis surrealista» porque se trata de una norma que «atenta» contra la distribución de competencias claras que delimita la Carta Magna. «Se sabe que eso no tienen ningún viso de prosperar», ha dicho.
A falta de conocer qué ocurrirá el próximo 1 de octubre –día anunciado para la celebración del referéndum– y consecuentemente si se aprobará esta norma, Junts pel Sí y la CUP desgranaron el contenido de la misma el pasado lunes. Con ella pretenden amparar legalmente las instituciones catalanas, dejar sin jurisdicción en su territorio al Tribunal Constitucional y constituir un tribunal supremo catalán en un plazo de cinco días tras la aprobación de la citada norma.
La ley, que cuenta con 89 artículos y promulga igualmente la amnistía para los condenados por la organización del ‘procès’ soberanista, podría aprobarse mediante decreto; una opción que a juicio de esta asociación es «todavía más surrealista».
PIDE A LOS JUECES QUE NO TENGAN MIEDO
En relación a la situación de jueces en Cataluña, los cuáles de aprobarse esta la norma podrían elegir si continuar en la administración catalana o no, De Prado ha afirmado que los magistrados no tienen que tener «ningún miedo» en actuar de acuerdo a la legalidad y que el ordenamiento jurídico va a seguir vigente en todo el territorio español.
«Los jueces que están en Cataluña son iguales que los del resto del Estado y tienen nuestro apoyo», ha defendido el portavoz de AJFV que ha asegurado que las cuatro asociaciones judiciales están de acuerdo en lo esencial, que es el respeto a la Carta Magna.
De Prado descarta así que puedan prosperar los planes del Ejecutivo de Carles Puigdemont en materia judicial afirmando que los magistrados han prometido «guardar y hacer guardar la Constitución» y por tanto su propuesta es más bien una «imposibilidad». «Lo que se está fraguando es inconstitucional», ha matizado. (EP)
