Los gobiernos de Suecia y Alemania enviaron hoy observadores a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con el fin de conocer de los propios labios de Rafael Catalá, el titular de esa cartera, las intenciones del Gobierno de España con respecto a la extradición solicitada por Turquía de dos de sus ciudadanos nacidos en ese país, el periodista Hamza Yalçin, y el escritor Dogan Akhali. Ambos tienen la doble nacionalidad.
Yalçin, de 59 años, fue detenido el pasado 3 de agosto en el aeropuerto de El Prat, en una escala en su camino hacia Londres, y Akhali, de 60 años, el 19 de agosto en el hotel de Granada, donde se hospedaba con su esposa, durante unas vacaciones para conocer la Alhambra.
La Policía española actuó así como respuesta a la «alerta roja», el mecanismo que Interpol pone en marcha para detener a delincuentes huídos en otros países diferentes a los de origen sin entrar a conocer el fondo del asunto.
Hasta ahora, naciones como Rusia, Ucrania y Kazajistán suelen hacer uso de las «alertas rojas» para capturar a sus disidentes en el exterior tipificando sus actividades bajo supuestos delitos similares a los que se cometen en los países que conforman la Unión Europea.
Así, de forma involuntaria, Interpol se convierte, en muchos casos, en un colaborador involuntario y valiosísimo para capturar a las personalidades contrarias al régimen seudodemocrático del país demandante. Algo que viene siendo muy criticado desde hace ya varios años.
Sin embargo, esta es la primera vez que el régimen turco hace uso de ese recurso. Turquía es el país con más periodistas encarcelados de todo el planeta: 150. La acusación más común es la de terrorismo.
La misma que se imputa a Yalçin, para el que ya han cursado la petición de extradición, según reveló hoy públicamente Catalá, y a Akhali.
La oposición, en contra de extraditar al periodista y al escritor
Ante la mirada atenta de los diplomáticos suecos y alemanes, Catalá relató de forma pormenorizada y aséptica cuál era el procedimento a seguir, con las diferentes opciones, pero sin comprometer decisión alguna, a la espera del estudio de la documentación aportada por el régimen del presidente Recep Tayyip Erdogan.
Tras el fallido golpe de estado de julio de 2016, las autoridades turcas se han ejercitado en un proceso de purga y depuración a fondo.
Más de 4.000 jueces y fiscales fueron cesados; alrededor de la mitad estan encarcelados.
Las detenciones de funcionarios de juzgados también se han venido sucediendo durante el último año.
150 medios de comunicación han sido clausarados. La aplicacion de la Convención Europea de Derechos Humanos, vigente en Turquía como miembro del Consejo de Europa, ha sido suspendida.
La oposición -PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-, Ciudadanos, ERC, PdeCat y PNV- se mostró, en esta comparecencia, sin fisuras en contra de las extradiciones.
El portavoz socialista, Juan Carlos Campo -exsecretario de Estado de Justicia y magistrado en servicios especiales-, se mostró particularmente incisivo en su intervención, en la que le recordó al ministro Catalá la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de septiembre de 2016, que interpreta el Tratado de Funcionamiento de la UE: «España, señor ministro, según la doctrina del TJUE, no puede extraditar al señor Yalçin sin el acuerdo previo de Suecia, país cuya nacionalidad también ostenta».
Campo también le recordó a Catalá que ambos casos preocupan no sólo a la canciller alemana Angela Merkel, al primer ministro sueco, Stefan Löfven, o al premier austriaco, Christian Kern. «Ninguno de ellos se fia de Turquía tras el fallido golpe de Estado», afirmó. «El propio presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker hizo recientemernte unas declaraciones sobre el gran problema que está suponiendo Interpol y la utilización que algunos países están haciendo de esa organización, y de las ‘alertas rojas’, para perseguir a sus adversarios políticos».
Y añadió: «Nosotros queremos saber aquí y ahora qué piensa usted proponer sobre el particular en la deliberación del Consejo de Ministros. Estamos muy preocupados. España no puede prestarse a ello. No podemos permitir que un país que está planteando la introducción de la pena de muerte, un país que está llevando a cabo grandes en toda clase de colectivos, se sirva de la legalidad para acabar con sus adversarios políticos».
Durante la intervención de Campo y de sus colegas de Unidos Podemos –Jaume Moya-, Ciudadanos –Fernando Maura-, Esquerra Republicana de Catalunya –Ester Capella– y PdeCat –Lourdes Ciuró-, la reivindicación fue la misma, frontal: rechazar las extradiciones solicitadas por la vulneración evidente de los derechos fundamentales en Turquía.
Catalá, en su respuesta final a todas las intervenciones, siguió siendo cauto.
«Aquí puedo aportar lo que puedo. Es un procedimento que está en marcha, en su fase inicial. Lo valoraremos. Sí les tengo que decir a los señores diputados que tendremos la máxima sensibiildad en la materia. De hecho, hemos tenido contacto con los gobiernos de Alemania y de Suecia, que están aquí presentes», dijo señalando con la cabeza a los diplomáticos, sentados en la última fila, tomando nota.
«Y les avanzo que el Gobierno de España va a ser firme con la defensa de los derechos humanos, las libertades y la democracia», concluyó.
