Interpol, utilizada por países autoritarios para capturar a sus disidentes refugiados en Europa
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31/8/2017 05:00
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Actualizado: 28/2/2022 12:47
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El caso del escritor turco, Dogan Akhali, detenido la mañana del pasado 19 de agosto, sábado, en un hotel de Granada por la Policía Nacional, es el último ejemplo del uso que algunos países autoritarios están haciendo de Interpol y, específicamente, de la «alerta roja», el sistema automático que permite la detención de las personas en otros países sin entrar a conocer en el fondo del asunto.
Para ello, naciones como Rusia, Ucrania, Kazajistán -y ahora Turquía-, emiten órdenes de búsqueda y captura contra sus disidentes en el exterior tipificando sus actividades bajo supuestos delitos homologables en cualquier país de la Unión Europea.
Las detenciones y la entrega posterior de las personas buscadas se producen sobre esos parámetros.
Así, de forma involuntaria, Interpol se convierte, en muchos casos, en un colaborador involuntario y valiosísimo para capturar a las personalidades contrarias al régimen seudodemocrático del país demandante.
El hecho de que de Interpol -organización con 103 años de existencia- formen parte 190 estados con diferentes grados de desarrollo democrático permite que una orden internacional sea utilizada para perseguir a los refugiados políticos.
Urge una reforma de la llamada «Alerta Roja»
Así lo expuso la diputada portuguesa, Isabel Santos, vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y expresidenta del Comité General de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, en Madrid en la jornada “Abusos de los mecanismos de Interpol: ¿Hora de reformas?”, que abordó este serio problema a finales de 2014: “Tenemos que evolucionar. Hay que reformar la Interpol porque los dictadores evolucionan. Son muy listos y muy creativos. Y hacen uso de esta organización para capturar a sus disidentes. Es el momento de reflexionar para impedir que se siga haciendo”.
Turquía aprende de los países de la exUnión Soviética
El escritor turco -nacionalizado alemán y con domicilio en la República Federal- pasó dos días en el calabozo de la Comisaría de Granada, después fue trasladado a la Audiencia Nacional y puesto en libertad, a la espera de que se resuelva su petición de extradición.
Akhali, que estaba visitando Granada con su mujer para conocer la Alhambra, mostró ayer su enfado con las autoridades españolas cuando descubrió que el trato judicial que se le estaba dando «no era el más adecuado».
«Tengo pasaporte alemán, soy parte de la UE y pensé que tenía los mismos derechos que un ciudadano español», declaró ayer en el Congreso de los Diputados, donde fue invitado por el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, para explicar su caso.
El escritor turco Dogan Akhali -nacionalizado alemán- explicando ayer su caso en el Congreso de los Diputados, acompañado del diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón. EP.
Sobre la actitud del Gobierno español, el escritor ha explicado que está haciendo caso a «una obra de teatro jurídica que se hizo en Turquía» en 2013, cuando se revisó un juicio de 2010 en el que se declaró inocente al escritor y, tras el cual, éste regresó a Alemania, en donde reside desde finales de 1991.
El cambio de esta sentencia es la que provocó que, en 2013, su nombre volviera a figurar en la lista de la Interpol. Akhali recuerda que en esta lista también se encuentran otros 60.0000 disidentes políticos de su país. «¿Qué van a hacer con los 60.000 exiliados turcos desde 1980 reclamados por Turquía? ¿Los van a deportar a todos?», se ha preguntado el intelectual. A su juicio, la UE debe posicionarse en esta materia y acordar una posición común ante la dictadura de Erdogan.
El escritor detenido no comprende cómo ha podido viajar libremente a países de Europa como Holando o Italia e incluso al norte de Turquía, donde estuvo en 2015, y en España se le arreste.
Akhali no es el único disidente por el que se «ha interesado» el Gobierno turco. Días antes otro intelectual turco, nacionalizado, en este caso, sueco, Hamza Yalçin, fue detenido en el aeropuerto de El Prat. Desde entonces está confinado en una celda de la cárcel de Brians I, en Barcelona, a la espera de que la Justicia española decida sobre su extradición. CON INFORMACIÓN DE EP.
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