El secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, han advertido a la Mesa de que tramitar la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica supone desobedecer al Tribunal Constitucional (TC).
El escrito, recogido por Europa Press, se ha entregado a los miembros de la Mesa en la reunión de este miércoles, en la que precisamente se ha admitido a trámite la ley del referéndum, que JxSí y la CUP quieren aprobar a lo largo de la jornada en el pleno.
Los letrados señalan que las leyes de ‘desconexión’ tienen una «relación directa» con varias resoluciones soberanistas anuladas por el Tribunal Constitucional (TC), y recuerdan que el tribunal ha indicado a los miembros de la Mesa que tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa en esta línea.
Precisamente durante esta reunión se ha sabido que Carme Forcadell ha presentado un escrito ante el TC que solicita la recusación de todos sus magistrados porque no los ve imparciales, y pide que se pare cualquier hipotético futuro proceso contra ella o el Parlament por desarrollar iniciativas soberanistas.
Los letrados dejan de lado el debate político y centran su informe en argumentos jurídicos: recuerdan a los miembros de la Mesa que existen sentencias e interlocutorias del TC que suspenden las iniciativas relacionadas con el proceso soberanista, y que instan a los miembros del órgano rector de la Cámara a supervisar que se aplican sus decisiones.
También señalan que el TC avisa en sus escritos de que los miembros de la Mesa deberán «asumir responsabilidades» si desoyen sus sentencias, incluidas responsabilidades de tipo penal.
El informe de los letrados, de tres páginas, también hace varias consideraciones sobre el procedimiento que han elegido JxSí y la CUP para tramitar por la vía de urgencia la ley del referéndum: han invocado el artículo 81.3 del reglamento del Parlament, que permite introducir una votación de última hora con el pleno ya en marcha y fijar las condiciones en las que debe producirse dicha votación.
JxSí y la CUP han optado por permitir que los grupos enmienden el texto, pero no que puedan llevarlo al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) -implicaría posponer la votación un mes-.
Los letrados destacan que JxSí y la CUP están interpretando el artículo 81.3 del reglamento del Parlament como si estuvieran aplicando la lectura única, un procedimiento que los grupos independentistas intentaron habilitar pero que también ha sido suspendido por el TC.
Además, recuerdan que el propio CGE ha indicado en varios dictámenes consultivos que los diputados tienen «deberes inexcusables y esenciales que no pueden ser ignorados», como pedir un dictamen al órgano consultivo -algo que quiere vetar la mayoría independentista-. EP.
