El pleno del Parlament catalán aprobó ayer por la tarde una serie de propuestas que, con toda seguridad, chocarán con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
La primera propuesta de resolución, apoyada por los partidos separatistas JxCat, ERC y la CUP declara que «Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere ningún Rey».
La resolución se votó en el pleno extraordinario sobre la monarquía y salió adelante con 69 votos favorables de JxCat, ERC y la CUP, y 65 en contra del PSC-Units, los comuns, Cs y el PP.
La propuesta también afirma que «el linaje de los borbones ha sido una calamidad histórica para Cataluña» y constata, según el texto de la resolución, el fracaso y la crisis definitiva del pacto constitucional de 1978.
Y ratifica, de acuerdo con referéndum ilegal del 1 de octubre y la fallida declaración de independencia del 27 de octubre de 2017, «que el único camino para superar este régimen monárquico es constituir efectivamente la república catalana como un estado de derecho, democrático y social».
El pleno aprobó con los mismos votos otra propuesta de la CUP que reprueba al Rey Felipe VI «y a toda la dinastía borbónica por décadas de impunidad y de enriquecimiento ilegítimo utilizando las instituciones públicas».
REPRUEBAN A CARMEN CALVO
Asimismo, la Cámara catalana reprobó al Gobierno central y, específicamente, a la vicepresidenta, Carmen Calvo, «por colaborar en la ‘huida’ de Juan Carlos I y como cómplices de la impunidad perpetrada por la monarquía borbónica».
También con el apoyo de los partidos separatistas y el rechazo del resto de grupos, el Parlament dio luz verde a una iniciativa de ERC que insta al gobierno autonómico a reclamar al Gobierno central que impulse las medidas necesarias para suprimir el aforamiento a Juan Carlos I y la retirada de la condición de Rey Emérito.
En la misma línea, el parlamento autonómico aprobó una resolución presentada por JxCat, que reclama impulsar con urgencia una Ley Orgánica en el Congreso que incluya la retirada del título de Rey a Juan Carlos I y derogar el delito de calumnias e injurias contra la Corona, entre otras cuestiones.
Esta misma propuesta también reafirma el compromiso del Parlament «con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía».
Además, el pleno aprobó una propuesta del PSC que considera que las presuntas irregularidades del Rey emérito «deben ser investigadas por la Fiscalía y la agencia tributaria y atribuir y sancionar las responsabilidades que sean pertinentes llegado el caso», que ha contado con el voto favorable de todos los grupos excepto la abstención de la CUP.
PUBLICACIÓN EN EL BOPC
La votación de estas propuestas se produjo pasadas las 22.00 horas porque el pleno se retrasó a causa de las peticiones de reconsideración que han presentado tanto Cs como PP a la admisión a trámite de varias resoluciones impulsadas por los partidos independentistas, ya que consideraban que eran inconstitucionales y contravenían la doctrina del Tribunal Constitucional (TC).
Las peticiones fueron rechazadas por la Mesa y la Junta de Portavoces.
Antes de comenzar la votación, el presidente de Cs en la Cámara, Carlos Carrizosa, pidió la palabra para asegurar que en la reunión del órgano rector el letrado mayor del Parlament había dicho que los puntos de las propuestas que chocaran con el Tribunal Constitucional no se publicarían en el Boletín Oficial del Parlament (BOPC).
Por eso, pidió al presidente de la cámara autonómica, Roger Torrent, que especificara si se publicarían esos puntos, como el que hacía referencia al 1-O y al 27 de octubre de 2017, y el que reprueba al Rey, entre otros.
Torrent contestó que se votarían todos los puntos admitidos a trámite, incluidos los que podían suponer un conflicto con el Constitucional, y que los grupos parlamentarios ya eran conscientes de las consideraciones que el letrado mayor había trasladado sobre «las limitaciones de carácter material por las advertencias del Tribunal Constitucional que se han trasladado a la Mesa».
También pidió intervenir el presidente de JxCat en la Cámara, Albert Batet, que exigió que todo lo que se vote y apruebe en el pleno se debe publicara en el BOPC, y que, si hay algún funcionario que no lo publica, reclama a la Mesa «que tome las medidas oportunas y abra los expedientes oportunos».
