El Gobierno cree que el ‘Parlament’ ha desobedecido al TC y pide que la Fiscalía investigue si ha habido delito
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad dijo que "si el juicio a los separatistas tarda, no sería lógico alargar la prisión preventiva"; un asunto del que también se han pronunciado los ministros Borrell y Ábalos y la delegada del Gobierno en Cataluña./ EP

El Gobierno cree que el ‘Parlament’ ha desobedecido al TC y pide que la Fiscalía investigue si ha habido delito

La Mesa del 'Parlamento' ha podido desobedecer la advertencia del Tribunal Constitucional de que no debata sobre el derecho de autodeterminación ni sobre la Monarquía
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31/10/2019 14:15
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Actualizado: 31/10/2019 15:35
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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que la Mesa del Parlamento catalán ha podido desobedecer la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) de que no debata sobre el derecho de autodeterminación ni sobre la Monarquía, por lo que ha reclamado al tribunal que se dirija a la Fiscalía para que investigue si se han cometido delitos.

Así lo ha acordado el Consejo de Ministros reunido este jueves.

La Mesa del Parlament admitió la semana pasada a trámite una propuesta de Junts, ERC y la CUP donde reiteraban su disposición a debatir sobre estos asuntos pese al apercibimiento del TC de que no lo hicieran, al haber sentencias previas de este tribunal negando que puedan hacerlo.

«Pedimos al Constitucional que considere si se ha traspasado esa línea»

El asunto fue sin embargo admitido a trámite por la mesa del Parlamento catalán. «Pedimos al Constitucional que considere si se ha traspasado esa línea, si ha desautorizado el apercibimiento que él mismo hizo y que se dirija al Ministerio Fiscal para las consecuencias que se puedan tener», ha añadido.

Por otro lado, el Gobierno ha pedido informe urgente al Consejo de Estado para impugnar el debate sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los políticos juzgados por el ‘procés‘.

Se trata de una iniciativa de ERC por la que la Cámara rechaza la sentencia del 1-O por el Tribunal Supremo y considera que la tarea del presidente de la Sala, Manuel Marchena, y del resto de magistrados es «más propia de un sistema judicial autoritario» que de uno democrático.

Fue aprobada con los votos a favor de JxCat, ERC, la CUP y los ‘comuns’ (se abstuvieron en un punto) y con el rechazo del resto de grupos.

«No corresponde en el respeto a la separación de poderes que ningún parlamento debata una sentencia de los tribunales», ha dicho Calvo, que ha dejado claro que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional contra este debate aunque el Consejo de Estado no lo comparta (sus informes no son vinculantes para el Consejo de Ministros).

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El Ejecutivo entiende que el ejercicio del poder está sometido a la crítica pública, pero considera que «difícilmente es asumible que esté sometido a la reprobación institucional de otro poder del Estado».

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