No sé a cuántas tomas de posesión de jueces he ido en mi vida. No me he parado a contarlas. Pero lo que sí recuerdo es la letanía del juramento o promesa que en todas y cada una de ellas hacen, y que figura en el artículo 318 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «Juro -o prometo- guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona y administrar recta e imparcial justicia y cumplir mis deberes judiciales frente a todos».
No es un trámite sin más.
Ni mucho menos.
Como muy bien indica la profesora Carmen Castañón Jiménez, «el juramento de jueces y magistrados es un mecanismo de refuerzo de la independencia judicial porque la sujeción al imperio de la ley no se identifica sólo con la sujeción genérica de ciudadanos y poderes públicos ‘a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico’ (artículo 9.1 de la Constitución), sino que va más allá».
¿Por qué?
Porque «al exigirse un compromiso público y solemne de ‘guardar y hacer guardar la Constitución’ se está subrayando que ninguno de los otros poderes que dimanan de la misma puede alterar la independencia judicial. La sujeción es exclusivamente a la Constitución, no sólo por imperativo legal, sino además por vínculo de juramento». De juramento o promesa personal.
Por eso tiene un valor muy especial la declaración pública que ayer por la mañana suscribieron tres asociaciones de jueces -las secciones en Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y del Foro Judicial Independiente (FJI)-; el día en el que el Parlament finalmente aprobó la Ley del Referéndum para la independencia que rompe precisamente con la Constitución que todos y cada uno de los 842 jueces y magistrados destinados en Cataluña se comprometieron a «guardar y hacer guardar» cuando tomaron posesión de sus cargos.
En esa declaración las tres asociaciones citadas explicaban que «la gravedad de la situación nos obliga a actuar con singular serenidad y prudencia».
Desde su posición institucional y asociativa, los jueces catalanes veían con “especial preocupación la deriva del bloque independentista, que declara abiertamente su intención de subvertir el orden constitucional en Catalunya, arguyendo una falsa legitimación democrática”.
Señalaban, además, que en caso de aprobarse tanto la Ley de Referéndum como la Ley de Transitoriedad Jurídica, «con la misma seguridad serán impugnadas de forma inmediata por el Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional».
Con lo que “su eficacia quedará automáticamente suspendida, conforme a lo dispuesto en el art. 161.2 CE”.
Muchos redaños
Hace falta tener muchos redaños y ser muy valientes para hacer una declaración pública como esa, precisamente en el día de ayer.
Dicen que lo evidente es lo que nadie ve -o no quieren verlo- hasta que alguien lo explica con claridad. Ellos explicaron lo evidente con toda claridad.
Los jueces destinados en Cataluña sintieron que «era lo que tocaba», parafraseando al defenestrado, Jordi Pujol.
También fue, por otra parte, la constatación del fracaso y la derrota del Gobierno de la nación por no haber hecho frente a la minoría separatista en el debate público generado a lo largo de los pasados 4 años.
Por haber permitido que su opinión haya aparecido como dominante en los medios de comunicación, haciendo creer que su idea de que toda Cataluña quiere la independencia es la prevalente. Acercándose de forma peligrosa a la frase favorita del ministro de propaganda nazi, el alemán Joseph Goebbles, gran admirador de Adolf Hitler: «Una mentira que se repite mil veces se convierte en verdad».
Es, nueva y tristemente, la constatación de la teoría de la espiral del silencio, acuñada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann, en su libro «La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social (1977)», en el que describe a la opinión pública como una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento según las actitudes predominantes sobre lo que parece aceptable y lo que no lo es.
De acuerdo con la politóloga, la sociedad amenaza con aislar a los individuos que expresan opiniones contrarias a las que se perciben como mayoritarias.
Las personas sondean el clima de opinión para observar cuál es la corriente mayoritaria y dominante en su entorno social y se adhieren a ella. O no.
La espiral, según Noelle-Neumann, tiende a enmudecer a los que tienen posiciones diferentes a las aparentes mayoritarias, en especial si no encuentran oposición, como parece haber sido el caso.
El «núcleo duro» independentista ha ganado adeptos con su discurso público; muchos ciudadanos acomodaticios se han dejado llevar sin reflexionar sobre las consecuencias que la independencia de Cataluña puede suponer para su vida, su trabajo, su pensión, su futuro económico o su felicidad personal.
El «España nos roba», una frase que, curiosamente, utilizaron de forma profusa los croatas para separarse de la antigua Yugoslavia («Yugoslavia nos roba»), ha calado como un mantra entre una parte de la población, que ha optado por desconectar su espíritu crítico y su razón y se ha dejado llevar por los cantos de sirena de Escila y Caribdis.
En este proceso, los medios de comunicación radicados en esa Comunidad Autónoma han jugado un papel fundamental en la contribución a la creación de ese estado de opinión «positivo» hacia la secesión.
El Gobierno central, siento decirlo, no ha hecho nada para contarrestarlo.
Y ahora nos encontramos en esta tesitura.
Al borde del precipicio o a punto del choque de trenes más grave desde que el 6 de octubre de 1934 el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, proclamara el «Estado Catalán» dentro de la República Federal Española.
Pero esta vez quieren llegar más lejos.
Por eso, lo repito, el gesto de los jueces catalanes tiene un gran, un enorme valor.
El 27 de julio de 2016 el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, recordó a los jueces de la nueva promoción que se incorporaban a la carrera judicial que, ante el debate soberanista, se debían a la Ley.
“Los jueces somos la garantía última de la preservación del Estado de derecho”, les dijo.
«Y como miembros de un poder del Estado, del Poder Judicial independiente, nos debemos a la ley y hemos de asegurar su aplicación”, reiteró.
Muchos de ellos recordaron el juramento o promesa que acababan de hacer: «Guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución». Para tiempos como estos, de forma especial. Como los que estamos viviendo.
Como debe de ser. Por eso los admiro. Vaya por delante mi reconocimiento público.
