El Colegio de Abogados de Granada ha rechazado las que considera «sospechas generalizadas» de la Agencia Tributaria sobre los letrados a raíz de la autorización del Consejo General del Poder Judicial para que juzgados y tribunales faciliten diversos datos sobre la actuación de este colectivo profesional.
Mediante un comunicado, este colegio andaluz se une al rechazo institucional del Consejo General de la Abogacía Española respecto a la autorización del CGPJ para que los tribunales y juzgados faciliten a la Agencia Tributaria (AEAT) datos relativos a la actuación de cada abogado y procurador en los procedimientos judiciales de 2014, 2015 y 2016.
A juicio de los letrados, esta decisión siembra «de forma indiscriminada e injustificada la sospecha» sobre la actuación de todos los abogados procesalistas y se basa en el concepto de «trascendencia tributaria», ambiguo y jurídicamente indeterminado.
Para la abogacía, la solicitud de datos de la AEAT como identificación del abogado interviniente con indicación de nombre completo, NIF, número de colegiado, las fechas de inicio y de cese del procedimiento, naturaleza del mismo, el juzgado o tribunal donde se ha celebrado, localidad e importe de cada procedimiento judicial, es un requerimiento «sumamente escueto», carente de motivación y falto de concreción, por más que se refiere a información desprovista de contenido tributario.
Este mecanismo de recopilación generalizado de carácter masivo, sin la adecuada justificación y sin amparo en el marco normativo se hace además sobre casi 23 millones de asuntos judiciales de los que la Agencia Tributaria ya dispone de completa información.
Recuerdan que los abogados, como cualquier otro profesional, están sometidos a las normas de tributación legalmente establecidas y cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales, por lo que esta solicitud de la AEAT sobre asuntos que están en los juzgados y tribunales, por «innecesaria, redundante y desproporcionada», no hace sino extender la sospecha sobre el colectivo.
Por otra parte, cuando la Agencia Tributaria ha requerido una información semejante a determinados Colegios de Abogados, los tribunales económico-administrativos han resuelto que eran contrarias a la legalidad.
Por todo ello, se estudiará la impugnación del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial y la solicitud de suspensión cautelar del mismo, medidas a las que se suma el Colegio de Abogados de Granada, ha informado en un comunicado.
No obstante, se congratula de que el CGPJ se haya opuesto a que también se faciliten los datos del cliente, tal como pedía la Agencia Tributaria.
