Imagen del Parlament de Cataluña (EP)
El SISEJ expresa su «absoluto compromiso con el estado de derecho» frente al desafío independentista
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11/9/2017 11:17
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Actualizado: 03/2/2021 13:03
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El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) manifiesta su «absoluto compromiso con el estado de derecho, los derechos fundamentales y las libertades públicas del conjunto de la ciudadanía», ante la reciente aprobación por parte del Parlament de Catalunya de la Ley sobre el referéndum del próximo 1 de Octubre y la Ley de Transitoriedad, suspendidas ya por el Tribunal Constitucional.
Así de contundente se ha mostrado el Sindicato de Letrados en un comunicado, donde también ha querido matizar que la Administración de Justicia ni el Poder Judicial pueden asumir «la falta de capacidad de los líderes políticos para solucionar un problema que, por su dimensión, no puede reducirse al ámbito jurídico».
El sindicato de letrados ha querido realizar «un llamamiento a los representantes políticos de la ciudadanía para que, desde el diálogo y el acuerdo, se contribuya a solventar esta difícil situación garantizando los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía».
En este sentido, reclaman al ministro de Justicia Rafael Catalá, como el conseller de Justícia de Catalunya Carles Mundó, «el máximo respeto y protección del personal que trabaja en la Administración de Justicia, especialmente del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, como directores de la Oficina Judicial«.
Desde el SISEJ subrayan que «la Administración de Justicia constituye un servicio público en un estado social y democrático de derecho, siendo la satisfacción de la ciudadanía un objetivo fundamental de su gestión ante la existencia de cualquier tipo de conflicto jurídico». Por ello, quieren trasladar al conjunto del personal de justicia su «máximo apoyo y solidaridad tanto en el desempeño de sus funciones, atendiendo a los complejos y mediáticos procedimientos judiciales iniciados, como en el ejercicio de sus derechos laborales tanto si dependen de la Administración Estatal como de la autonómica».
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