El ICAB aclara que no respalda el informe que circula en redes sobre la autodeterminación de Catalunya

El ICAB aclara que no respalda el informe que circula en redes sobre la autodeterminación de Catalunya

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13/9/2017 12:01
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Actualizado: 13/9/2017 12:01
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Un documento que defiende el derecho a la autodeterminación de Catalunya firmado por la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) está sembrando la polémica a menos de veinte días del 1-0. La actual Junta de Gobierno del ICAB aduce que hay alguien interesado en manchar la reputación de la entidad y subraya que ese informe es del 2013 y se presentó en un evento sobre esta cuestión.

Según ha podido conocer CONFILEGAL este informe suscrito por la citada Comisión, en aquel momento presidida por la abogada Marta Montesinos, se dio a conocer en enero del 2013 con motivo del 40 Aniversario de la puesta en marcha de dicho grupo de trabajo interno del ICAB. Desde la entidad colegial se insiste en que la opinión de ese informe es la de un grupo de expertos en un momento determinado y no coincide en absoluto con la de la actual Junta de Gobierno del ICAB, centrada en la neutralidad.

De hecho ya el pasado 8 de enero del 2013 el ICAB en un comunicado de prensa se desmarcaba del citado estudio de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona dejando que la opinión de la Junta de Gobierno del ICAB tiene que ver con las notas de prensa y comunicados. También destacaba la autonomía de las 14 Comisiones que en aquel entonces existían en aquel momento en el que Pedro Yúfera era el decano de la entidad 

En ese documento de seis páginas se hace un análisis detallado del derecho a la autodeterminación como concepto y su desarrollo en diferentes países, llegando a señalar que en Europa desde 1900 ha habido catorce casos de secesión.  Y se indica que “Consideramos que el Gobierno español no tendría ninguna legitimidad para oponerse a la decisión del Parlamento de Catalunya de dar voz a la ciudadanía para que, libre y mayoritariamente, exprese su voluntad -en sentido positivo o negativo- en relación a la creación de un Estado catalán soberano”.

Este informe concluye señalando que “la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona considera que es un derecho inalienable de Catalunya, como comunidad nacional, el derecho a la autodeterminación, ya sea dentro del Estado donde está integrada o separándose para constituir un nuevo Estado soberano según lo decida la voluntad mayoritaria, democrática y pacíficamente expresada por sus ciudadanos”.

Maria Eugenia Gay, decana de la entidad colegial, muestra su malestar ante la filtración interesada de este documento, ya con cuatro años de trayectoria, aclara el asunto “El informe lo hace la Comisión de Defensa del ICAB en el 2013 y su posterior difusión sin contar con el visto bueno del que era decano en aquel momento Pedro Yufera”. El tema genero mucho revuelo en aquel momento “lo que supuso que a partir de aquel momento se dejase claro que los documentos de las Comisiones no reflejaban la opinión de la Junta de Gobierno”.

La decana del ICAB ve alguien interesado en implicar a la entidad colegial en el referéndum independentista cuando nos vuelve a repetir “nosotros somos neutrales y no podemos entrar en este tema porque nuestros colegiados tienen opiniones diferentes”. Lo que sí nos advierte es que el documento original era en catalán “éste se ha traducido, tiene letra diferente en sus páginas y han puesto el sello del Colegio de mala manera. Me aseguran en la propia Comisión que ellos no lo han hecho circular”.

Desde la Junta de Gobierno se insiste en que no tienen nada que ver con la salida a la luz de nuevo de este documento que defiende el derecho a la autodeterminación de Catalunya  y que alguien quiere implicar al ICAB en este proceso de autodeterminación. “No queremos darle mucha importancia al tema. Mantenemos nuestra idea si así nos lo demandan de que el ICAB se convierta en una entidad mediador entre el Gobierno Central y el de la Generalitat para buscar un punto de acuerdo sobre esta cuestión”.

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