Plano general de uno de los plenos del Congreso de los Diputados, como el que tuvo lugar ayer. Congreso.
La proposición de Ley de igualdad del colectivo LGTBI contempla la creación de una Agencia estatal con cargo a los presupuestos del Estado
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20/9/2017 06:05
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Actualizado: 19/9/2017 23:47
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La proposición de ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI), cuya toma en consideración fue aprobada ayer por mayoría absoluta por el Congreso de los Diputados -con los votos del Grupo Popular y de Unión del Pueblo Navarro-, contempla la creación de una Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, que será financiada con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Si esta proposición de ley finalmente ve la luz como ley, será necesaria la elaboración de un Estatuto propio, que será aprobado por el Gobierno mediante Real Decreto, según el texto aprobado.
«Este organismo tendrá por objeto garantizar la no discriminación de las personas por orientación sexual e identidad de género», dice la proposición.
La estructura de este nuevo ente estatal sería como sigue: «La Agencia (…) estará compuesta por una Presidencia, una Secretaría, una representación de las Comunidades Autónomas, una representación de las entidades locales, representantes de entidades, asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus objetivos prioritarios la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI y personas y profesionales que hayan destacado por su trabajo y su calidad de expertas en este ámbito», dice la proposición de ley.
El presidente (hombre o mujer) sería elegido por una mayoría cualificada del Parlamento de entre personalidades de esos colectivos de reconocido prestigio.
Éste, a su vez, podrá contar con cuatro miembros más, elegidos por él, en la misma línea de reconocimiento público que él, y por los asesores que sean necesarios «para el ejercicio de sus funciones», de acuerdo con el Reglamento y los «límites presupuestarios».
«La dotación económica para el funcionamiento de la institución constituirá una partida dentro de los Presupuestos de las Cortes Generales», se puede leer en el texto, que también contempla la creación de una Comisión Interministerial de las políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Santidad, Servicios Sociales e Igualdad, que tendría la función de coordinar la ejecución de las políticas LGTBI «con los distintos organismos públicos», tanto a nivel nacional como autonómico y local.
Uno de los puntos más polémicos de la proposición de ley es que reconoce que los jóvenes, a partir de los 16 años, puedan decidir por sí mismos cambiarse de género sin que tenga que mediar el consentimiento paterno.
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