La Fiscalía de Barcelona considera que las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la operación del domingo contra el referéndum de independencia «en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana».
En un escrito al Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, que investiga el caso tras una denuncia del Govern, el fiscal Juan Carlos Padín dice que las cargas sí «afectaron, sin duda, a los numerosos grupos de personas que de forma irresponsable habían sido convocadas».
«Personas que de forma voluntaria, concertada y coordinada se agolparon en determinados lugares de Barcelona, congregándose en sus puertas –de los colegios electorales– para de forma tumultosa impedir a los agentes policiales» intervenir, dice el fiscal.
El fiscal acusa al Govern de querer poner el foco en la presunta violencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil para ocultar el comportamiento de los querellados por la convocatoria del referéndum –el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consellers–.
Dice que el Govern, irresponsablemente, conociendo la ilegalidad del referéndum y la orden que la policía tenía de impedirlo, «no dudaron en llamar a los ciudadanos a desobedecer y enfrentarse a las decisiones del Tribunal Constitucional, las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la actuación ordenada» de la policía.
Padín defiende que la actuación de los dos cuerpos policiales podría estar amparada por el cumplimiento de un deber y, en algunos casos, en «legítima defensa frente a las actuaciones de individuos no identificados, por el momento, que actuaron violentamente contra los agentes cometiendo presuntos delitos de atentado y resistencia».
Frente a la acusación de la Generalitat de que los agentes utilizaron la violencia contra los ciudadanos de forma desproporcionada, el fiscal sostiene que «de ninguna manera se puede hablar de violencia grave y generalizada».
Para tratar de demostrarlo, el fiscal, basándose en datos de la Generalitat, aduce que de las 2.262.424 personas que supuestamente fueron a votar, los heridos, la mayoría leves, fueron 844: «Ello representa un 0,037% de individuos afectados por la presunta violencia leve policial.
Añade, además, que ha habido «un único herido grave» –supuestamente por una pelota de goma de la policía–, lo que representa un 0,000042% de individuos afectados, según cálculos que el propio fiscal plasma en su escrito.
INVESTIGAR UN CASO CONCRETO
El fiscal considera que es imposible abrir una investigación genérica sobre la actuación de los policías durante toda la jornada y en toda Cataluña y, por ello, cree que «cada uno de los casos concretos merece y obliga a jueces y fiscales a la investigación de lo sucedido».
«Esa es la razón de ser del estado de Derecho: el individuo protegido por la ley en su integridad y derechos», sostiene el fiscal.
Por eso, el fiscal concluye que no puede investigarse una causa genérica contra los agentes tras una denuncia de la Generalitat que pretende únicamente «una interesada confusión», aunque sí admite que debe indagarse sobre unos hechos concretos sucedidos en el centro educativo Jesuitas de Sant Gervarsi, tras una serie de imágenes captadas de la intervención policial. (EP)
