El presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, abogó ayer por realizar reformas legislativas en el ámbito civil, como puede ser el recurso de casación, para adaptarlas a la «realidad social» y apostó por la unificación de criterios en todos los juzgados y tribunales de España para dar eficacia a la justicia.
Así lo afirmó durante su intervención en la mesa redonda «Seguridad Jurídica y Economía» en la Cumbre Española de la Confianza, organizada por el Ministerio de Justicia y moderado por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.
Marín Castán explicó que la Justicia no puede continuar funcionando como se ha hecho «tradicionalmente», en el que cada juez está «aislado» y cada tribunal tiene su propio criterio.
«Se requiere un comportamiento activo, agrupar recursos por materia», agregó y puso como ejemplo a los jueces de lo mercantil de Barcelona que han formado, por «iniciativa propia», un tribunal de instancia en el que se ha recabado todos los criterios y, por ello -ha dicho-, están «obteniendo beneficios» en el rendimiento.
En esta línea, aprovechando la presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la Cumbre, pidió adaptar las normativas a la actualidad y, en el caso que afecta directamente al magistrado, una reforma del recurso de casación civil, tal y como ya se ha hecho en los contencioso -en el que se modificó el criterio para determinar la admisión del recurso de casación, recordó-.
«Es algo imprescindible porque sino la Sala de lo Civil del Supremo no va a poder unificar criterios», dijo.
«Un Tribunal Supremo no puede funcionar como el Olimpo en el que se ven las cosas desde arriba sin ver la realidad social», subrayó Marín Castán, quien indicó que la mayoría de los temas que ocupan la justicia civil «derivan de un defectuoso cumplimiento de la ley», ya que «las cosas comenzaron a cambiar» con respecto a cuando se aprobaron muchas de ellas.
«La ley tiene que ser cumplimentada con una jurisprudencia», añadió.
DISTINTAS NORMAS PARA LOS MISMOS PROBLEMAS
Otro de los comparecientes ha sido el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo -el magistrado que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)-.
Al igual que Marín Castán, el juez de Barcelona destacó que el actual ordenamiento jurídico es una «compleja estructura de normas» que en muchas ocasiones entra en «conflicto de competencias» porque «hay distintas normas para resolver los mismos problemas».
En este sentido, agradeció la labor del Tribunal Supremo por «construir una doctrina y una jurisprudencia que intenta dar protección a los más débiles» y apuntó que el ordenamiento jurídico, que no la Constitución, «ha dejado de ser sólido en las cosas cotidianas» porque cada vez hay nuevos conflictos que las leyes no prevén, como puede ser el denominado derecho al olvido o el debate sobre la competencia de distintas empresas que prestan un mismo servicio de transporte como puede ser Uber o Cabify.
Precisamente, Fernández Seijo remitió una serie de cuestiones al TJUE sobre Uber al no saber cómo interpretar la legislación europea al recibir una demanda, en 2014, de la Asociación Profesional Élite Taxi contra su competidora.
SINCRONIZACIÓN DEL TIEMPO JUDICIAL Y LA REALIDAD
Fernández Seijo defendió «sincronizar los tiempos judiciales con los tiempos de la realidad económica y social», si bien aseguró que no se deben realizar las reformas legislativas necesarias, ni más «medios humanos y económicos» hasta que el modelo judicial no sea eficaz.
En esta mesa redonda también ha participado el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Vicente Guilarte; el abogado Javier Cremades y el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich. EP.
