El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentado una querella contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y contra el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, por citar en calidad de investigados a 700 alcaldes por manifestar su apoyo al referéndum del 1-O y por dictar órdenes a fuerzas policiales invadiendo competencias judiciales.
La querella se ha presentado en el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación y usurpación de funciones al considerar que los fiscales investigaron e instruyeron la causa contra los preparativos del referéndum al margen de la autoridad judicial, y por adoptar la medida «abusiva» de citar a los alcaldes por manifestar su apoyo al referéndum.
Consideran desproporcionado señalar como delincuentes a tan gran cantidad de autoridades elegidas democráticamente, lo que «causa un daño a los mismos e indirectamente a una gran parte de la población catalana», y critican el carácter arbitrario de una decisión adoptada por la autoridad que detenta el máximo poder de persecución de la delincuencia del Estado.
«La declaración de la ilegalidad del referéndum, que es utilizada por la orden como pretexto, no implica, según impone el principio de legalidad, que el mismo sea un hecho delictivo en si», argumentan
Por ello, consideran que con ello no puede justificarse «una persecución penal ilimitada contra todos quienes cooperen en el mismo».
ÓRDENES AL MARGEN DEL TSJC
La querella explica que pese a que la causa contra el Govern por el referéndum ya estaba judicializada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el fiscal «inicia una frenética actividad investigadora en paralelo», asumiendo de facto una investigación que ya es objeto de unas diligencias previas.
Por este motivo, el presidente catalán sostiene en su escrito que la Fiscalía no sólo invadió las competencias judiciales, sino las de las autoridades administrativas responsables de la seguridad ciudadana y del orden público, estableciendo, con todo lujo de detalles, los pormenores de la actuación policial».
«El Ministerio Público no solo asume una investigación integral de los actos vinculados a la celebración del mencionado referéndum, sino que se irroga, además, la dirección técnica y operativa de la policía judicial», afirman.
Creen que «altera la dependencia orgánica de los Mossos que realizan las funciones de policía judicial, adscribiéndolos a un órgano de la Administración del Estado que no forma parte de la cadena natural de mando».
Recuerdan que tuvo que ser la magistrada del TSJC Mercedes Armas quien finalmente apartara a la Fiscalía de dictar órdenes a los cuerpos policiales sobre cómo impedir el referéndum y asumir las directrices ella misma.
