La Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona emitió ayer un comunicado afirmando con rotundidad que el auto, por el que la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, envió a prisión a los líderes de las dos asociaciones separatistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un delito de sedición,«no se ajusta a derecho y vulnera derechos fundamentales».
En el texto no utilizan el término prevaricación.
Dicha Comisión -de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía, según su título oficial- dice que la magistrada ha construido «un nuevo tipo diferente de los legales» en la instrucción de la querella presentada por la Fiscalía porque en los hechos que se investigan no hubo violencia.
De acuerdo con el comunicado, la interpretación del delito de sedición que hace Lamela supone «una distorsión del derecho vigente» que bebe «del derecho penal del enemigo», esto es, castigar al autor no por el hecho delictivo cometido sino por el hecho de considerarlo peligroso.
Los letrados también ponen en tela de juicio que la Audiencia Nacional sea competente para investigar el delito de sedición; esto entra, según ellos, en «contradicción abierta» con la doctrina del Tribunal Supremo.
La citada Comisión está presidida por Robert Sabata i Gripekoven y de la misma forman parte 12 abogados más, que han condenado la «instrumentalización del sistema judicial» para resolver los conflictos políticos, porque a su parecer supone una «clara erosión de la legitimidad de las instituciones y de la calidad democrática en general».
Un Colegio dividido
El Colegio de Abogados de Barcelona es, a día de hoy, una institución dividida en torno a la cuestión independentista. A pesar de que, como corporación, están obligados a cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, la nueva decana, María Eugenia Gay -hija del que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Eugenio Gay– no ha podido articular una postura clara favor de la Carta Magna.
Bajo la argumentación de que no existe una postura única porque se debe respetar la ideología de cada colegiado, la Junta de Gobierno del ICAB llegó a manifestar que se debía “preservar el Estado social y democrático de Derecho así como el respeto, la imparcialidad, la responsabilidad e independencia judiciales“.
Fue lo máximo a lo que pudo llegar en materia de consenso.
La Sección de Derecho Constitucional de la Comisión de Cultura del ICAB, sin embargo, fue más allá y emitió un comunicado en el que recordó que el referéndum convocado por la Generalitat estaba suspendido por el Tribunal Constitucional.
“Proseguir con la ejecución de normas suspendidas supone una clara violación de nuestro orden constitucional español y europeo por desobediencia, no tiene amparo en el Derecho Internacional, ni en el Derecho de la Unión Europea, que regula y protege la integridad territorial de todos sus Estados miembros”, decían los miembros de esta sección.
Y agregaban que un “Estado de Derecho nunca puede permitir que, alguna de sus instituciones, desobedezca las leyes e incumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional”.
Frente a estos, se desmarcó la mencionada Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona, que, en un informe -que no suscribe el Colegio- denunciaron la “vulneración de derechos fundamentales cometidas en las actuaciones posteriores a varias providencias dictadas por el Tribunal Constitucional” suspendiendo las votaciones.
Para los miembros de esta Comisión, “convocar un referéndum no es delito, como tampoco lo es participar en él”; el 1-0, para ellos, “no es ilegal”.
