El Consejo de Ministros anunció ayer que el Gobierno impugnará, ante el Tribunal Constitucional, el acuerdo del Govern catalán del pasado 2 de octubre por el que se creaba una comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña, con la que la Generalitat pretende investigar las cargas policiales del 1 de octubre.
Según la información facilitada por el Ejecutivo, el motivo de la impugnación es que el acuerdo de la Generalitat de Cataluña atribuye al Govern funciones reservadas al poder judicial para determinar si se ha producido una violación de los derechos humanos en la actuación de los poderes públicos.
Según ha dicho ha dicho el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el Ejecutivo cree que se vulneran las competencias exclusivas del Estado previstas en los artículos 149.1.5ª (Administración de Justicia) y 149.1.6ª (legislación procesal), en paralelo a las vulneraciones de los artículos 18, 24 y 117 de la Constitución y por las mismas razones.
Méndez de Vigo ha explicado que esta comisión sería «una especie de organismo parajudicial» que tendría además a su servicio a la policía autonómica catalana «para investigar infracciones cometidas por cualquier poder que no sea la Generalitat».
Según el Ejecutivo, igualmente, resultan vulnerados los artículos 149.1.18ª (bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común) y 149.1.29ª (seguridad pública) de la Carta Magna, al atribuirse la Generalitat de Cataluña la revisión de la actuación de la Administración General del Estado, sus autoridades y empleados públicos.
También resultan incumplidos, según el Gobierno, los artículos 1.1, 9.1 y 103.1 de la Constitución, así como los derechos relacionados con la presunción de inocencia y la prohibición de la indefensión en el artículo 24 del texto constitucional y la garantía del derecho al honor recogido en el artículo 18.
La citada comisión no prevé trasladar la investigación a los órganos judiciales, lo que resulta inconstitucional y contrario a la legislación procesal, ya que va contra el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añade el Ejecutivo.
Resultan vulnerados también los artículos 1.2, 1.3 y 168 de la Constitución Española, en cuanto se establece que evitar un referéndum ilegal de independencia de Cataluña supone una vulneración de derechos fundamentales y se tiene, además, tal referéndum por celebrado.
Igualmente, la policía autonómica estaría al servicio de la nueva comisión, lo que refuerza su configuración «parajudicial», en opinión del Gobierno.
