Llibertats, la asociación de juristas catalanes constitucionalistas, apremia al presidente del gobierno autonómico catalán, Carles Puigdemont, a que solicite compoarecer ante el Senado «de forma inmediata» para «para anunciar la adopción de las medidas necesarias para la restauración de la legalidad infringida, que eviten la definitiva aprobación por la Cámara de la propuesta del Gobierno de España en aplicación de lo previsto en el artículo 155 de la Constitución».
La asociación cree que es la única forma de consumar la «grave crisis institucional que fractura nuestra sociedad y provoca un grave deterioro en nuestra economía, al haberse situado a las instituciones autonómicas al margen de la legalidad vigente», explican en un comunicado hecho público hoy.
«Como demócratas y como juristas, que no podemos en ningún caso aceptar que se pretenda una declaración de independencia en base al supuesto ‘mandato’ de un referéndum ilegal, sin ninguna garantía, y convocado en contra de los más elementales principios democráticos y de los códigos internacionales de buenas prácticas en procesos refrendarios», afirman los miembros de Llibertats.
Para este grupo de juristas, las medidas propuestas por el Gobierno suponen el ejercicio de la facultad prevista y regulada en el artículo 155 de la Constitución Española.
En ningún caso «puede calificarse como ‘golpe de estado’; máxime cuando dicha afirmación proviene de quien sistemáticamente y en forma contumaz ha venido incumpliendo la ley y las resoluciones judiciales, situándose fuera del estado de derecho, e incluso impidiendo el debate democrático en el Parlamento de Catalunya».
Llibertats recuerda que dichas medidas propuestas por el Consejo de Ministros han sido adoptadas previo consenso de los partidos del arco parlamentario que obtuvieron 16.454.633 votos en las últimas elecciones, que representan al 68,74 por ciento de los votos emitidos.
Desde su punto de vista, esta es una gran mayoría «si lo comparamos con la exigua mayoría que da soporte al proceso independentista en el parlamento de Cataluña.
La asociación de juristas constitucionalistas llaman la atención sobre el artículo 155 de la Constitución y el hecho de que está inspirado en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, el cual es homologable a buena parte de las constituciones de lso estados democráticos de nuestros entorno, con «sistemas federales o altamente descentralizados, que cuentan con mecanismos simiares al establecido en nuestra Constitución».
Y también recuerdan que las medidas propuestas tienen que ser aprobadas por el Senado, como cámara de representación territorial, «cuyos miembros han sido elegidos democráticamente».
