Societat Civil Catalana (SCC) y la asociación jurídica Llibertats han denunciando ante la Comisión Europea el acoso a jueces y fiscales en Cataluña.
El pasado 9 de diciembre, el presidente de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, entregó al comisario de Justicia, Didier Reynders, un informe elaborado por Llibertats que detalla el clima de «coacción» que han vivido jueces y fiscales durante el ‘procés’.
Este informe, que alerta de la desertización judicial que vive Cataluña y de la fuga de personal jurídico, ha sido presentado hoy en Barcelona por el presidente de SCC y el presidente de ‘Llibertats’, Eloy Moreno.
Con este ‘Informe sobre la desertización de la planta judicial en Cataluña y su relación con el acoso que sufren jueces y fiscales con motivo del proceso independentista’, estas entidades quieren contribuir a la elaboración del III Informe sobre el Estado de Derecho en la UE, que actualmente prepara la Comisión Europea.
El presidente de Societat Civil Catalana ha enmarcado esta iniciativa en el contexto del «salto internacional» que está dando la entidad, para «explicar a todo el mundo la realidad de Cataluña y contrarrestar la propaganda independentista».
Sánchez Costa ha subrayado que «en Bruselas saltan todas las alarmas cuando conocen que los líderes políticos nacionalistas llevan años desprestigiando con su discurso el Estado de Derecho y cuando son conscientes del acoso que han vivido algunos jueces y fiscales en Cataluña».
En este sentido, ha lamentado que Cataluña se haya convertido en «capital antisistema de Europa, donde se ha puesto en duda de forma reiterada uno de los pilares de la Unión, que es el respeto al Estado de Derecho».
Eloy Moreno, presidente de Llibertats y autor del informe, ha explicado que «muchos jueces, magistrados y operadores jurídicos están pidiendo cambio de destino y no hay nadie que quiera venir a Cataluña».
Ha alertado sobre las consecuencias que ello puede tener para la calidad del sistema judicial en Cataluña y la defensa de los derechos y libertades de sus ciudadanos.
Moreno ha denunciado «el ambiente de presión y coacción que han vivido jueces, fiscales y operadores jurídicos desde hace años». Una presión que no se ha limitado a las sedes judiciales, sino que ha llegado a las familias y los domicilios de los afectados, según ha expuesto.
El autor del informe ha trazado una causalidad clara entre este «clima de coacción» y la fuga de personal jurídico estos últimos años. Reclama tanto al Gobierno de España como a los órganos europeos que garanticen que en Cataluña se pueda ejercer una justicia «libre, independiente y con todas las garantías».
También ha recordado la «obsesión nacionalista por tener un poder judicial propio, al margen del sistema español», y ha pedido, de acuerdo a lo solicitado por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), «que se prime con un complemento salarial a los jueces y fiscales que trabajan en Cataluña, para revertir la situación de déficit de personal».
PAGAZAURTUNDÚA HA ADVERTIDO A BRUSELAS DE ‘LOS ATAQUES AL PODER JUDICIAL DE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO’
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, también ha denunciado recientemente ante Didier Reynders «las constantes llamadas a la desobediencia, las críticas abiertas a las instituciones, la Justicia e incluso a las bases del Estado de Derecho por parte de los socios del Gobierno», y le ha pedido que tenga todo ello en cuenta en su próximo informe sobre el Estado de Derecho en España.
Advierte que esta situación pone en riesgo “la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la calidad del pluralismo y del propio sistema democrático”.
