A finales de 2019, Elisenda Paluzié anunciaba oficialmente el proyecto de la entidad independentista que preside para hacerse con el control de los colegios profesionales catalanes.
En un documento titulado “Colegios profesionales, herramientas de país”, la «Assemblea Nacional Catalana» (ANC) destacaba la influencia que tienen las corporaciones profesionales en el ámbito político (hablaba de “lobbies”), y postulaba la necesidad de que esa influencia respetara “el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña” (sic).
De esta manera, y tras el éxito del asalto a la Cámara de Comercio, el independentismo presentaba un calendario a cuatro años vista con el objetivo de copar los órganos de representación de todos los colegios profesionales que tenían previstas elecciones en el período 2.020-2023.
Nada nuevo, en realidad.
Instrumentalizar las corporaciones profesionales para, alejándolas de los fines que les son propios, ponerlas al servicio del proyecto político soberanista, no es sino una pieza más de la estrategia de un movimiento que (impulsado desde el poder, no lo olvidemos), se ha venido caracterizado por la ocupación de espacios y edificios públicos, y por el control de medios e instituciones como elementos de difusión de un pensamiento que, etiquetado como “de país”, refleja la ideología del poder como único modo de enfrentar la realidad.
A nadie se le escapa que, dentro del plan de la ANC, el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) es el objetivo prioritario.
Y no solo (que también) por su gran prestigio social y eco mediático, sino también por el hecho de que la construcción jurídica que pretende sustentar el relato independentista en Cataluña es, seamos sinceros, una campo yermo.
A mayor abundamiento, la abogacía barcelonesa ha sido, desde sus bases, pionera en la denuncia de la instrumentalización de las corporaciones, promoviendo entre otras las acciones legales que han permitido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulara la adhesión que en su día realizó el ICAB al “Pacte Nacional pel Dret a Decidir”.
La sentencia, ratificada después por el Tribunal Supremo, destaca que no se ajusta a derecho que un colegio profesional tome oficialmente partido sobre cuestiones políticas y posicionamientos ideológicos claramente ajenos a sus funciones corporativas, máxime tratándose de profesiones, como la abogacía, de colegiación obligatoria.
LA CANDIDATURA ENCABEZADA POR OLIVEROS INTENTA CAMUFLAR SU MILITANCIA SOBERANISTA
Centrado así el marco de la cuestión, y convocados para este próximo 3 de junio las elecciones al Decanato y Junta de Gobierno del ICAB, no es de extrañar que la primera candidatura que haya visto oficialmente la luz haya sido, precisamente, la auspiciada por la ANC.
Con una característica importante: así como el asalto a la Cámara de Comercio se produjo a cara descubierta, la candidatura encabezada por Gonçal Oliveros intenta camuflar su militancia soberanista.
Y ello a pesar de que la propia prensa nacionalista la defina como candidatura “soberanista y progresista”, y defensora a ultranza de los “derechos nacionales” (sic).
Tres semanas antes de que Gonçal Oliveros la presentara oficialmente en el Ateneo Barcelonés, el diputado de JxCat (y abogado de Carles Puigdemont) Jaume Alonso-Cuevillas, principal artífice de la organización del equipo humano de la candidatura, en una entrevista concedida a una prestigiosa revista jurídica, ya adelantaba la estrategia de no presentarla abiertamente como “candidatura independentista”, sino “indignada por silencio del Colegio de Abogados” ante lo que él considera un “constante pisoteo de los derechos fundamentales por parte de los tribunales”, en clara referencia a las resoluciones judiciales del “procés”.
No deja de ser curioso que, en la propia entrevista, el líder independentista reclame un Colegio “valiente, que se enfrente a las Autoridades, y no un colegio servil con el poder”, cuando el principal reproche que se hace desde las filas soberanistas a la actual Decana Maria Eugènia Gay es, precisamente, el haberse enfrentado al Presidente del Parlament, Roger Torrent, cuando éste intentó politizar e instrumentalizar un acto solemne de la Corporación con una arenga en favor de los que denominó “presos políticos”.
El asalto independentista al Colegio de la Abogacía de Barcelona no es un tema menor. Es mucho lo que está en juego, y no solo para los abogados.
