El Colegio de la Abogacía de Girona se posiciona con Boye y en contra de la juez Tardón

La Junta de Gobierno del ‘Colegio de la Abogacía de Girona’ (ICAG) ha publicado un comunicado posicionándose con el letrado Gonzalo Boye y en contra de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, quien el pasado mes de diciembre procesó a este abogado.

Tardón ha procesado a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y a otras 45 personas físicas y 5 jurídicas por su presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.

Entre los procesados está Boye, a quien la titular del juzgado Central de Instrucción 3 atribuye a Boye un supuesto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.

En su comunicado, publicado el pasado lunes, el ICAG manifiesta su «preocupación por la situación del compañero Gonzalo Boye y hacerle extensivo su apoyo, en lo que considera un ataque a la libertad de actuación que ha presidir el ejercicio de la abogacía y el ejercicio del derecho a la defensa».

Este Colegio de abogados, cuyo decano es Carles Mac-Cragh Prujà, opina que «las imputaciones penales a las que se ve sometido» Boye «constituyen un ataque a la libertad de la abogacía en el ejercicio de su profesión».

Boye le ha dado las gracias por misma red social.

«Así da gusto», ha señalado el abogado de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra.

Muchas gracias compañer@s así da gusto.

— Gonzalo Boye (@boye_g) June 7, 2021

«Sorprende que el Colegio de Girona realice una especie de amparo a un colegiado que no es de Girona y sobre unos hechos que no se han producido en la demarcación del Colegio de Girona». Así lo ha manifestado a Confilegal Pere Lluis Huguet, exvicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y del Consejo de la Abogacía catalana, y exdecano de Reus.

Además, destaca que el acuerdo y el comunicado de la Junta de Gobierno es «una intromisión en las competencias del Colegio de Abogados de Madrid, que es el competente para otorgar el amparo colegial si el letrado lo socitase, tanto por ser un colegiado suyo como porque los hechos se han producido en su demarcación».

«Por tanto, el acuerdo del Colegio de Abogados de Girona se extralimita de sus competencias invadiendo las del Colegio de Madrid», sentencia.

Pere Lluis Huget es diputado provincial por Ciudadanos en la Diputación de Tarragona y miembro de la asociación de juristas catalanes ‘Llibertats’, que presidió, creada en enero de 2017 con el objetivo principal de que «el debate público recupere el rigor jurídico perdido, y se desarrolle en el marco del necesario respeto a las leyes y a las decisiones de los tribunales encargados de hacerlas cumplir».

En 2018 esta asociación advirtió que «el separatismo intenta desprestigiar al Poder Judicial».

El abogado José María Fuster-Fabra Torrellas, socio de la firma Fuster-Fabra Abogados, considera que es lógico y encomiable que los colegios de abogados defiendan los intereses de sus colegiados. «Lo que resulta más atípico es que un colegio profesional se pronuncie sobre una incidencia de carácter penal procesal de un abogado que no pertenece a ese colegio», señala.

Además, expresa que «tradicionalmente el apoyo de los colegios ha sido de soporte en defensa de las actuaciones deontológicamente correctas de los letrados, lo que parece tener poco que ver con una imputación de carácter penal».

Y añade: «Tengo una buena relación con el letrado Gonzalo Boye, al que le deseo toda la suerte en este procedimiento, en el que se espero se haga Justicia».

Fuster-Fabra cuenta con una dilatada y brillante experiencia forense en derecho penal, penal económico, corporativo, y responsabilidad civil. Como procesalista se ha distinguido en renombrados casos de defensa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, víctimas del terrorismo, así como delitos de carácter económico como son los de estafa, cohecho, prevaricación, y blanqueo de capitales.

Según ha publicado el ‘Diari de Girona’, varios abogados gerundenses han mostrado su malestar y disconfomidad con que el ICAG emitiera este comunicado de apoyo a Boye.

Aseguran que la Junta «ha actuado de forma unilateral y que hay temas más importantes a tratar», de acuerdo al citado diario.

Además, lamentan que «con todos los problemas que sufrimos en la administración de justicia en Girona», el Colegio Oficial, «con el dinero de todos nosotros se dedique a estas cosas».