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El grupo de juristas ‘Llibertats’ exhorta a los 14 colegios del Consejo de la Abogacía Catalana a mantener la neutralidad política

Celebra la sentencia del Supremo que ratifica que la Abogacía catalana no podía apoyar el derecho a decidirEl Consejo de la Abogacía Catalana está compuesto por los decanos de los 14 colegios; su presidente es Ignasi Puig (quinto en la fila de arriba). Foto: CICAC
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El grupo de juristas catalanes ‘Llibertats’ celebra que el Tribunal Supremo haya ratificado que la Abogacía catalana no podía apoyar el derecho a decidir, como dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en 2016.

Así lo ha señalado hoy en un comunicado esta asociación para la defensa del Estado de derecho y la libertad, presidida por el abogado Eloy Moreno Tarrés, después de que el Supremo haya desestimara el recurso presentado por el Colegio de la Abogacía Catalana (ICAB) contra el fallo del TSJCat.

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Ahora, ‘Llibertats’ exhorta a los colegios profesionales catalanes a «mantener la necesaria neutralidad política».

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La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, conocida ayer, confirma la dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que anuló el acuerdo adoptado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona el 14 de octubre de 2013 de adherirse al Pacto Nacional del Derecho a Decidir, por vulnerar «la libertad ideológica, de expresión y de asociación» de los colegiados.

Para el Supremo, con esta decisión, el Colegio de la Abogacía de Barcelona también vulneró el derecho a la libertad ideológica de los colegiados.

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El fallo, del que ha sido ponente el magistratro Pablo Lucas, subraya que «no es ajustado a Derecho que un colegio profesional -ni el correspondiente Consejo General- tome oficialmente postura sobre cuestiones políticas que dividen a la sociedad y son ajenas a la función de defensa de los intereses profesionales, en especial cuando sobre ellas existe discrepancia entre los colegiados», según avanzó ayer María Peral, de El Español.

El ICAB argumentaba que era ajustado a derecho que una corporación tomara posicionamienteo sobre custiones políticas, y que la adhesión al Pacto «no tuvo efectos en la esfera jurídico-pública de la corporación ni fue un acto administrativo, sino que se inscribió en el marco de su actividad asociativa privada».

También presentó un recurso el Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, pero su impugnación no fue admitida a trámite al haber sido incorrectamente planteada.

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Se da la circunstancia, además, de que el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), del que forman parte los 14 colegios de abogados de Cataluña, también se pronunció sobre la decisión del magistrado del Supremo, Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’, de ordenar en su día la prisión preventiva de los exconsejeros catalanes Jordi Turull, Raül Romeva Dolors Bassa, Josep Rull, y la expresidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell.

La calificó de «inconveniente y desproporcionada».

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Además, el presidente del CICAC, Ignasi Puig, anunció el pasado enero que desde dicho Consejo estaban estudiando la propuesta de enviar observadores al juicio del ‘procés’.

El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Ignasi Puig.

«Creemos que en el presente caso no se dan los supuestos para aplicarla, máximo cuando los investigados han cumplido con los requerimientos judiciales de los que han sido objeto en el curso del procedimiento», manifestó en un comunicado colgado en su web.

Llibetats manifiesta en su escrito que comparte plenamente lo razonado por el Supremo, en el sentido de que «los Colegios Profesionales y las organizaciones supracolegiales, como corporaciones de Derecho Público, no pueden abandonar la posición de neutralidad que les es propia para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que deben servir».

Además, como colectivo de juristas subraya que en el caso de los colegios de abogados, «a la obligación de neutralidad ideológica debe sumarse ineludiblemente la de rigor jurídico».

«Y no parece que se cumpla con ese imperativo de rigor suscribiendo un texto en el que se refiere un inconcreto “derecho a decidir” que, en la forma en que viene formulado, no existe como tal ni en nuestro ordenamiento jurídico ni en el Derecho Internacional», apunta.

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Por ello, ‘Llibertats’ señala que «nuevamente» se ve en la «necesidad» de reclamar al Consejo de la Abogacía Catalana y a los Colegios que lo integran que «en sus actuaciones guarden el más estricto respeto a su deber de neutralidad política, así como al imperativo de rigor jurídico que corresponde a los profesionales del derecho».

MORENO RELEVÓ EN MARZO A HUGUET

‘Llibertats’está presidida desde el pasado marzo por el abogado Eloy Moreno Tarrés, quien releva en el cargo a su compañero Pere Lluis Huguet, exvicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo de la Abogacía catalana, y exdecano de Reus, que había ejercido esta responsabilidad desde la fundación de esta asociación en enero de 2017.

El presidente de ‘Llibertats’, el abogado y profesor Eloy Moreno (a la derecha), junto a su predecesor en el cargo, Pere Lluis Huguet, exvicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo de la Abogacía catalana, y exdecano de Reus. Foto: Carlos Berbell

Moreno compagina el ejercicio de la abogacía con la con la docencia del derecho y la actividad colegial.

Es profesor de Litigación civil en el Máster de Abogacía de la Universidad de Barcelona, y presidente de la Sección de Derecho Procesal del ICAB, donde ha sido diputado de la Junta de Gobierno, director de su área de formación y presidente de su Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia.

La asociación Llibertats fue creada con el objetivo principal de que «el debate público recupere el rigor jurídico perdido, y se desarrolle en el marco del necesario respeto a las leyes y a las decisiones de los tribunales encargados de hacerlas cumplir».

En septiembre de 2018 esta asociación advirtió de que «el separatismo intenta desprestigiar al Poder Judicial».

Lo avisó a raíz de que Torra pidiera la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes –actualmente presidente en funciones tras finalizar su mandato-, por las opiniones vertidas por algunos jueces hace un año y medio en torno al 1-O, en los que se critica el ‘procés’, en un chat de la red interna del CGPJ.

Huguet criticó la desmesurada reacción por la publicación de unos correos electrónicos que se han obtenido de un grupo cerrado y privado, y el cuestionamiento por parte del presidente de la Generalitat de la independencia judicial”, algo que considera «una maniobra para desprestigiar un cuerpo de 5500 jueces que ejercen en España con absoluta profesionalidad e independencia”.

El pasado diciembre, Pere Lluis Huguet advirtió que las declaraciones del presidente catalán, Quim Torra, apelando a la vía eslovena «ponen en peligro la convivencia en Cataluña».

En enero publicó un manifiesto exigiendo que los políticos dejaran de cuestionar a la Sala de lo Penal del Supremo, y en abril exhortó al presidente a Torra para que deje de hacer «pedagogía del desacato a las normas».