El Consejo de la Abogacía Catalana en una foto del pasado año, cuando Carles McCragh era presidente; actualmente ese puesto lo ocupa Julio J. Naveira, el segundo por la izquierda sentado; el tercero es Carles McCragh. CICAC.
La Abogacía Catalana califica de «inconveniente y desproporcionada» la prisión a los políticos independentistas
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26/3/2018 14:27
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Actualizado: 28/11/2022 15:16
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El Consejo de la Abogacía Catalana, del que forman parte los 14 colegios de abogados de Cataluña, califica de «inconveniente y desproporcionada» la decisión del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de ordenar la prisión preventiva, tras dictar auto de procesamiento, para los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva Dolors Bassa, Josep Rull, la expresidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell.
También para los fugados, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los también exconsejeros Clara Ponsati, Antoni Comín, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también huida.
«Creemos que en el presente caso no se dan los supuestos para aplicarla, máximo cuando los investigados han cumplido con los requerimientos judiciales de los que han sido objeto en el curso del procedimiento», dice el Consejo en un comunicado hecho público hoy a través de su página web.
El Consell D’Advocats de Catalunya, asimismo, critica frontalmente la aplicación del supuesto delito de rebelión a 12 de los procesados.
«Afirmamos que sin violencia no hay rebelión y las dudas tanto materiales como jurídicos sobre su existencia no podrían articularse en contra de los investigados», afirma en su comunicado, poniéndose «en línea con una parte importante y calificada de la doctrina científica de nuestro país».
La corporación catalana, además, pide que se deje de judicializar la política y que nadie haga «uso o abuso del derecho» que divida a la sociedad y no ayude a la convivencia.
En su comunicado también se refiere a algunas «recientes decisiones del Tribunal Supremo» que «han merecido serias dudas y reproches desde instituciones garantes de la defensa de los Derechos Humanos y de operadores jurídicos independientes, lo que merece una reflexión seria, con especial cuidado de dejar sin efecto las que se han producido y que no se vuelvan a reproducir en decisiones futuras».
Un Consejo criticado por su posición en el actual conflicto
La posición adoptada por los colegios de abogados catalanes en el actual conflicto creado por los independentistas hasta ahora ha sido una mezcla de silencio, por una parte, y, por otra, de alineamiento con las posiciones separatistas, como ocurre con el caso del Colegio de Abogados de Girona, del que es decano Carles McCragh, que recientemente colocó un lazo amarillo, primero, en solidaridad con los políticos presos encarcelados, al que después unió uno morado, para despistar.
Una decisión que ha sido criticada por el exdecano de Valencia y expresidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Mariano Durán, que en una columna hoy, en Confilegal, le pide por ello su dimisión.
Página web del Colegio de Abogados de Girona, con el lazo amarillo; el que aparece es su decano, Carles McCragh.
A esto se une que el 19 de septiembre del año pasado, en pleno conflicto independentista, hizo público su “Manifiesto del Ilustre Colegio de Abogados de Girona en relación a la convocatoria de referéndum del día 1-0″, en el que afirmaba que “las leyes deben ser interpretadas de acuerdo con la voluntad popular”.
El Español lo puso blanco sobre negro: “El Colegio de Abogados de Girona se pone al servicio de la causa independentista”.
En aquel tiempo el presidente del Consell D’Advocats de Catalunya era, precisamente, McCragh, quien, además, es vicepresidente de la Fundación del CGAE, un Consejo que no ha querido entrar en este asunto.
Quienes sí lo hicieron, en pleno conflicto, fueron varios Colegios, entre ellos el de Cartagena que recordó a las Juntas de Gobierno de los colegios catalanes que había que “cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico” porque como tales colegios son “corporaciones de derecho público”.
Y en una referencia directa a los que se posicionaron del lado del independentismo, condenaron “a quienes realicen, fomenten o faciliten la comisión de tales acciones, incluso en el caso de que los eventuales responsables de las mismas fuesen corporaciones de la misma naturaleza que la nuestra”.
Aún sin nombrarlos, para los iniciados la mención que hizo entonces la Junta de Gobierno de Cartagena fue dirigida a 5 colegios muy concretos, de los 14.
La Federación Interamericana de Abogados instó su dimisión
Por otra parte, la Federación Interamericana de Abogados (FIA) criticó entonces muy duramente al Consell d’Advocats de Catalunya y a los 14 colegios por su “silencio timorato y elusivo” ante episodios de enorme relevancia para el funcionamiento de la Justicia “a la que supuestamente sirven esos Colegios, cuyos estatutos unánimemente invocan el Estado de Derecho que sus cargos juran o prometen defender al tomar posesión”.
Por ello instaron la “inmediata dimisión de los cargos colegiales de la Abogacía catalana que tengan conflicto de intereses para con la defensa inequívoca y rotunda del Estado de Derecho que juraron o prometieron”.
En un durísimo comunicado, firmado por su presidente del Capítulo (sección) español, Hiro Bulchand Guidumal -al que ha tuvo acceso Confilegal-, la FIA recriminó al Consell y a los colegios que lo conforman por no haber “mostrado repulsa alguna frente a los acosos a jueces, funcionarios y sedes y no han efectuado aportación ninguna, siquiera de apoyo moral, a la Justicia perturbada en sus funciones”.
Y añadió: “Los Colegios catalanes han estado silentes a la hora de desenmascarar, con la autoridad ética y profesional que se les supone, el uso de conceptos jurídicos falaces”.
La FIA es una de las más poderosas e influyentes organizaciones internacionales de abogados. De ella forman parte letrados de todos los países iberoamericanos, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y España. Tiene su sede en Washington D.C., EE.UU. y fue fundada en 1940 para formentar y preservar el Estado de Derecho, la democracia, la Administración de Justicia y la defensa del ejercicio profesional.
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