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El CGAE «respeta» que el Colegio de Abogados de Girona ponga un lazo amarillo en su página web
El CGAE considera que está obligado a "respetar la pluralidad" dentro de la organización, por eso opta por no decir nada del lazo amarillo en la página web del Colegio de Abogados de Girona.

El CGAE «respeta» que el Colegio de Abogados de Girona ponga un lazo amarillo en su página web

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23/3/2018 06:15
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Actualizado: 22/3/2018 21:44
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De acuerdo con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), organización colegial que representa a los 83 colegios de abogados de toda España, «Los colegios tienen autonomía para adoptar sus decisiones».

«El Consejo, por lo tanto, está obligado a respetar la pluralidad».

Es decir, el CGAE no tiene nada que decir sobre que el hecho de que el Colegio de Abogados de Girona se alinee con el independentismo y en contra de algunos de sus miembros, que refirieron sus quejas por vía telefónica a Confilegal.

Con esta respuesta tan lacónica despachó ayer el CGAE la polémica desatada por la decisión de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Girona, con su decano, Carles McCragh Prujá, a la cabeza, de colocar un lazo amarillo en su página web.

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Lazo amarillo que tiene un significado muy preciso para los independentistas catalanes porque entraña la reivindicación de que en España existen «presos políticos» y reclaman su puesta en libertad.

Dichos «presos políticos», desde el punto de vista de los separatistas, son el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior, Joachim Forn, y los presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. 

Todos ellos permanecen en prisión preventiva por los supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia por el intento de provocar la secesión de Cataluña del resto de España.

QUEJAS AL CGAE

Desde el pasado martes le han estado llegando mensajes a la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, de este tenor:

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“He tenido ocasión de visitar la página web del Ilustre Colegio de Abogados de Gerona <www.icag.cat> y he tenido la desagradable sorpresa de comprobar que en la página de inicio hay un símbolo político: el lazo amarillo”, dice uno de los mensajes enviados.

“Como saben actualmente el lazo amarillo simboliza la petición de liberación de los llamados, por algunos, «presos políticos»  que se encuentran en prisión preventiva por los hechos sucedidos en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017”.

“Por ello, teniendo en cuenta, primero, que la función de todo Colegio profesional es la defensa de los intereses de todos sus colegiados; segundo, que los Colegios profesionales han de ser neutrales políticamente, especialmente aquéllos en los que la colegiación es obligatoria para ejercer la profesión, tal y como ha establecido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de diciembre de 2016; y tercero que los Colegios de abogados tienen como especial función la defensa del Estado de Derecho y velar por el cumplimiento de la legalidad vigente por parte de sus colegiados”, solicita, “insten al Decano del ICAG a que retire de la página web y de cualquier establecimiento colegial todo símbolo de carácter político”.

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EL CGAE NO VA A HACER NADA

Se da la circunstancia de que el decano del Colegio de Girona, McCragh Prujá es vicepresidente de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y, como tal, la representa a la institución en los viajes internacionales que se organizan para tal fin. Institución cuyos valores centrales son la Constitución Española y el ordenamiento jurídico.

El Colegio de Abogados de Girona puso primero el lazo amarillo solo; en la foto, su decano, Carles McCragh.

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Luego, al lazo amarillo unió el lazo morado, símbolo de la lucha de la igualdad de la mujer.

El Colegio de Abogados de Girona es una corporación de derecho público y como tal está obligado a mantener la neutralidad.

Esta posición política del Colegio de Abogados de Girona es la misma que adoptó el Colegio de Abogados de Barcelona en 2013 al adherirse al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y por lo que fue condenado en 2016 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) a abandonarlopor vulnerar “la libertad ideológica, de expresión y de asociación” de los colegiados.

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“Dado que la colegiación es obligatoria para quien ejerce la abogacía, no deja otra opción a los colegiados que alinearse con la opción ideológica o política que el Colegio Profesional ha asumido”, sostuvo el TSJCat, corrigiendo a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona.

LLUEVE SOBRE MOJADO

La posición adoptada por el Colegio de Abogados de Girona no es extraña.

El 19 de septiembre del año pasado, en pleno conflicto independentista, dicha corporación hizo público su “Manifiesto del Ilustre Colegio de Abogados de Girona en relación a la convocatoria de referéndum del día 1-0″, en el que afirmaba que “las leyes deben ser interpretadas de acuerdo con la voluntad popular”. 

En el mismo se afirmaba que “a lo largo de los siglos, Cataluña ha manifestado una voluntad de mantener su identidad propia”.

Por ello ahora “a las puertas del 1-0” se ofrecía a asistir a todos aquellos que se vieran afectados por la respuesta del Estado que, a su juicio, es “incompatible con el anhelo de la ciudadanía”.

Y añadían su perplejidad ante la “rapidez” con la que el Estado “ha ido formulando instrucciones y querellas en relación con las personas vinculadas a la preparación del referéndum del 1-0, desde cargos electos a periodistas”.

El Español lo puso blanco sobre negro: “El Colegio de Abogados de Girona se pone al servicio de la causa independentista”.

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