«Exigimos», afirma el grupo de juristas catalanes constitucionalistas Llibertats, «Que cesen las intromisiones que desde el poder político se vienen efectuando para cuestionar, con carácter previo, la sentencia que deberá dictar la Sala Segunda del Tribunal Supremo y se permita trabajar a la justicia con la independencia que es necesaria para la obtención de un juicio justo y por lo tanto una sentencia ajustada a derecho».
«Una sentencia que, sea cual sea, gracias a nuestro sistema de garantías, será recurrible por quien no la considere ajustada a derecho. Y lo será ante las diferentes instancias, incluidos los Tribunales Internacionales, garantes del escrupuloso respeto a los principios que rigen un juicio justo y los derechos del justiciable«, recuerdan en un Manifiesto que acaban de hacer público.
Un manifiesto al que puede adherirse cualquier jurista para exigir que se permita trabajar a la justicia con la independencia que es necesaria para obtener un juicio justo y una sentencia ajustada a derecho.
En el mismo, recuerdan que «Nuestro sistema constitucional garantiza, mediante el principio de tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso justo con todas las garantías. En consecuencia, el ordenamiento jurídico español regula un sistema procesal que permite que cualquier ciudadano tenga derecho a un juicio justo a través de un tribunal independiente, que garantiza sus derechos y muy especialmente el ejercicio del derecho a la defensa».
Y señalan que, «En este sentido, cabe remarcar que España ha suscrito e incorporado al ordenamiento jurídico no sólo los tratados antes mencionados, sino también los sistemas jurisdiccionales para el control del cumplimiento de los mismos, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
