Por una mayoría aplastante de 261 diputados a favor y 70 abstenciones quedó ayer aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados la iniciativa presentada por el Grupo Popular, a instancias del Ministerio de Justicia, que permite que jueces, fiscales y personal de la administración de Justicia recuperen los días libres y permisos que disfrutaban antes de 2012, y que fueron suprimidos por la crisis económica.
La proposición obtuvo finalmente los apoyos de PP, PSOE y Ciudadanos; el grupo confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y Las Mareas se abstuvo.
También se aprobó la equiparación de los permisos de paternidad a la nueva legalidad vigente, con una duración de un mes, contenida en la “Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial”, que era el nombre de la propuesta oficial, impulsada por el titular de la cartera, Rafael Catalá, respondiendo a las reivindicaciones de las cuatro asociaciones de jueces.
De esta forma, jueces y fiscales recuperarán los días adicionales por antigüedad, hasta un máximo de cuatro por 30 años de trabajo, así como los 18 días de permisos divididos en seis periodos, cuando en la actualidad sólo podían disfrutar de tres días.
Además, la norma equipara a jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia con el resto de empleados que prestan sus servicios al Estado respecto del disfrute del permiso de paternidad, que ahora pasa de 15 días a un mes.
Asimismo, el texto también introduce mejoras “de manera inmediata” en todo lo que afecta a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Según la portavoz del PP en la Comisión de Justicia, la diputada ‘popular’ María Jesús Moro, la intención de esta proposición de ley es restituir estos días de libranza que fueron eliminados «en consonancia con un momento particularmente delicado de la situación económica nacional» para conseguir «determinados objetivos de eficiencia y contención del gasto público».
Los socialistas, pese a prestar su apoyo, reprocharon al PP que la iniciativa «está cargada de simbolismo en el mal sentido», ya que «se pretende devolver algo que ya existía» y, por tanto, «esta no es la forma adecuada de hacer política».
«No es su grupo el que tenía que traer esta propuesta, sino el Gobierno.
No es esta forma de hacer política», afirmó el diputado del PSOE, Juan Carlos Campo -portavoz del PSOE en la misma Comisión de Justicia- quien considera que el Ejecutivo está «eludiendo el verdadero problema», que es «sacar a la Justicia de la UCI».
ABRIR EL CAJÓN DE SASTRE DE LA JUSTICIA
En su opinión, con propuestas como la de hoy no se soluciona la situación en la que se encuentra actualmente la Justicia, por lo que ha anunciado su voto favorable a la iniciativa «sólo para ver si se puede abrir este cajón de sastre».
Por su parte, el ponente de Ciudadanos, Marcial Gómez Balsera, mostró el apoyo de su grupo parlamentario a la proposición de ley porque «se trata de recuperar derechos laborales perdidos», de modo que esta reforma «pretende contribuir a eliminar el desánimo» de los trabajadores de la Justicia, aunque sea «en una pequeña parte».
Gómez Balsera reconoció que «queda mucho camino por recorrer» para mejorar la Administración de Justicia y ha aprovechado para instar a todos los grupos del Congreso a ponerse manos a la obra para ello y también para tomar «medidas tendentes a favorecer la independencia del Poder Judicial».
Además, lanzó una advertencia a otros partidos al afirmar que las Cortes podrán proponer nuevas medidas al Gobierno ninguna podrán «trasladarse a la Administración de Justicia si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado».
PODEMOS LO VE UNA «ESTAFA»
El diputado de Unidos Podemos, En Comú Podem y Las Mareas, Eduardo Santos, grupo que se abstuvo, calificó la proposición de ley del PP de «estafa» tanto para los trabajadores de la Administración de Justicia y para los ciudadanos porque si no se dota de más presupuesto a este departamento no se podrá aplicar la restitución de las libranzas.
«Estamos siempre a favor de devolver los derechos injustamente privados de los trabajadores», explicó Santos, motivo por el cual ha anunciado que no van a votar en contra de la medida, pero «tampoco participar en una iniciativa que pretende dar oxígeno a un Gobierno en crisis y estafar a la ciudadanía». Con información de EP.
