Las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales han hecho público un comunicado conjunto en el que reiteran su «compromiso de fidelidad y defensa del sistema constitucional y de los valores del Estado de Derecho».
De esta forma tan contundente se han pronunciado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales ante la proclamación ilegal de la república catalana, aprobada por la mitad del Parlamento autonómico catalán esta tarde.
«La decisión aprobada en el Parlament de Catalunya en el día de hoy, acerca de la proclamación de una república independiente, supone un ataque a la Constitución Española, al Estatuto de Cataluña y al resto del ordenamiento jurídico vigente. Manifestamos nuestro pleno rechazo a dicha decisión», afirman las 7 asociaciones en su comunicado conjunto.
NO HAY DOS LEGALIDADES EN CATALUÑA
Para los representantes asociativos de jueces y fiscales de toda España, no hay dos legalidades en Cataluña.
«La denominada ley de transitoriedad y la ley de referéndum, aprobadas en el Pleno del Parlament de Catalunya los días 7 y 8 de Septiembre, suspendida la primera y anulada la segunda por el Tribunal Constitucional, carecen de eficacia jurídica alguna. Existe una única legalidad que es la que emana de la CE y demás leyes vigentes aprobadas con las garantías democráticas de nuestro Estado de Derecho», aclaran.
En consecuencia, jueces y fiscales lanzan un mensaje de seguridad a los ciudadanos de Cataluña. Ellos son los guardianes de la Constitución, que los garantiza.
«Los derechos y libertades garantizados en nuestro ordenamiento jurídico son la garantía de la convivencia pacífica de todos los ciudadanos en una sociedad plural comprometida con las libertades y derechos fundamentales».
Y concluyen: «Los derechos y libertades de todos los ciudadanos españoles están plenamente garantizados en la Constitución y demás leyes vigentes. Somos garantes de su plena aplicación».
