El abogado del presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, en la causa contra el Govern por el referéndum del 1 de octubre, Jaume Alonso-Cuevillas, no contempla la entrada en prisión de su defendido por rebelión, porque según él «es un disparate».
En una entrevista de Rac1 este sábado, le han preguntado por si Puigdemont podría terminar en prisión a lo que ha respondido que, como profesor de derecho, contemplar esa posibilidad «es un disparate», pero que, como abogado, no se atreve a hacer ningún pronóstico ya que no comparte que los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium, Jordi Cuixart, estén en prisión por sedición.
«La querella de rebelión que quiere imponer el fiscal general del Estado es un disparate absoluto. Si esto lo dijera alguien que no fuera un fiscal general del Estado, si lo dijera yo, todo el mundo se reiría de mí», ha sentenciado, y ha tachado al fiscal general, José Manuel Maza, de partidista.
Lo ve así porque «el delito de rebelión exige un alzamiento público y violento», una situación que no se ha producido, y rechaza también que se quiera llevar la querella en el Tribunal Supremo (TS) cuando el Estatut establece que el Govern y los diputados del Parlament deben ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presuntos delitos cometidos en ese territorio.
«Si declarar la independencia fuera delito, está claro que se hubiera cometido en el Parque de la Ciutadella, y eso es Cataluña», ha subrayado, y ha rechazado que se argumente que hubo votos emitidos el 1-O desde el exterior para llevar la causa al TS.
No obstante, ha dicho esperar que dentro del Supremo haya magistrados que tengan «suficiente vergüenza» para rechazar que se les presente a ellos dicha querella.
La convocatoria de elecciones es abusar del 155
El abogado de Puigdemont ha asegurado que la convocatoria elecciones en Cataluña por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apelando al artículo 155 de la Constitución es hacer «un uso abusivo y desviado de lo que prevé el texto constitucional».
También ha recordado que el articulado dispone que el Gobierno central podrá dar instrucciones a las autoridades de la comunidad autónoma afectada, y ha afirmado que de ahí a cesar cargos electos y convocar elecciones hay «dos saltos mortales que la propia Constitución no ampara».
Alonso-Cuevillas ha explicado que, tras la proclamación de la República catalana el viernes, existe «un choque de dos legalidades», una situación que se ha producido siempre que se ha declarado la independencia de un país sin previo acuerdo.
«Es un choque de fuerzas: si el Estado español tiene fuerza para aplicarlo –su ordenamiento–, vencerá; si tiene más fuerza la República, vencerá la República», ha continuado. (EP)
