La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión sin fianza para ocho de los exconsejeros del Govern catalán, entre ellos Oriol Junqueras, que han comparecido ante la jueza Carmen Lamela investigados por rebelión, todos salvo Santi Vila, para quien ha pedido prisión eludible con una fianza de 50.000 euros.
Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, el fiscal ha pedido así prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior).
El Ministerio Público ha formulado esta petición atendiendo a la gravedad de los delitos que se le imputan a los exmiembros del Govern por participar en la declaración unilateral de independencia aprobada el pasado viernes en el Parlament de Cataluña.
Todos ellos se han limitado a responder a las preguntas de su abogado, a excepción del exconseller de Empresa Santi Vila que también ha respondido a la Fiscalía.
Una vez acabe la vista, la jueza acordará en un auto qué medidas les aplica a cada uno de ellos, imputados por los delitos de rebelión, sedición y malversación por su papel en el referéndum ilegal del 1-O.
De los catorce citados por la juez del caso, Carmen Lamela, nueve han sido los que se han trasladado a la Audiencia Nacional y otros cinco -entre ellos el presidente cesado Carles Puigdemont– se han quedado en Bélgica, a donde viajaron el pasado fin de semana. Se les investiga por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
ALEGATO DE LOS ACUSADOS
Según informan fuentes presentes en las declaraciones, los abogados de los exconsellers les han preguntado acerca de si hubo violencia en su actuación o les consta que haya existido durante la defensa del denominado ‘procès’ independentista. Estas preguntas pretenderían demostrar que no cometieron delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel.
Vila, posible candidato del PDeCat a la Presidencia de la Generalitat, ha matizado ante la magistrada que estuvo al lado de Puigdemont en todo momento y que abogó por el diálogo hasta el final. Hace siete días presentó su dimisión ante la negativa de Puigdemont a convocar elecciones.
