11 fiadores han consignado los 400.000 euros exigidos ayer, como fianza, por el magistrado del Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, para que Ignacio González pueda abandonar la cárcel de Soto del Real, en Madrid, tras pasar 5 meses y 18 días en prisión preventiva.
González, expresidente de la Comunidad de Madrid, fue detenido el pasado 21 de abril en el marco de la llamada «Operación Lezo».
Familiares de González, entre ellos sus dos hijas, han llegado a la sede de la Audiencia Nacional pasadas las 13.00 horas y tras una hora en su interior han abandonado las dependencias judiciales sin atender a los medios.
Ahora el juez envía el auto de libertad al Juzgado de Colmenar Viejo que es el competente para tramitar la excarcelación de Soto del Real, por lo que el presunto cabecilla de la red corrupta podría abandonar la prisión en las próximas horas.
El magistrado García Castellón, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, acordó ayer su libertad sujeta al pago de fianza y le impuso como medidas cautelares retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado. Se trata de la cuarta vez en la que el acusado solicitaba su excarcelación.
DISMINUYE EL RIESGO DE FUGA
Según explica el magistrado instructor en su auto, se acordaba su libertad dado que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva en cuanto al manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá y también el riesgo de fuga debido al avance de la instrucción.
No obstante precisa que sus acciones dentro del Canal de Isabel II son constitutivas de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales y recuerda que González está siendo investigado por cuatro hechos concretos: las compras de Inassa y Emissao en 2001 y 2013, respectivamente, las licitaciones públicas en Panamá y República Dominicana y por revelación de secretos.
En relación al primer punto, el juez instructor explica que tanto el cabecilla de la trama ‘Lezo’ como su socio en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino supieron que la operación de compra de la empresa colombiana se hizo con un grave perjuicio de fondos públicos, que podría alcanzar los 70 millones de euros.
Sobre la compra de la brasileña Emissao en 2013 determina que aunque esta se efectuó cuando González ya no era presidente del Canal, el inicio de la operativa se llevó a cabo mucho antes y existen indicios que demuestran que los dos acusados se beneficiaron «ilícitamente» del patrimonio de la Comunidad de Madrid mediante el abuso de su posición.
CUATRO PETICIONES DE LIBERTAD
Durante los seis meses que lleva en prisión la defensa del expresidente madrileño ha solicitado su puesta en libertad en otras tres ocasiones anteriores pero la Audiencia Nacional siempre lo ha rechazado por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, y también por entender que ejerció un «papel decisivo» en la trama de corrupción.
El pasado 24 de octubre, el abogado de González, Esteban Mestre, volvió a recurrir la medida de prisión provisional para su cliente alegando que, transcurrido el medio año, ya no existe riesgo de destrucción de pruebas.
En ocasiones anteriores el letrado alegó como razones para salir el arraigo por la boda de una de sus hijas, su deterioro físico e incluso pidió la sustitución de la cárcel por su arresto domiciliario.
El recurso de González coincide con la finalización de las comparecencias de los más de 60 investigados en la trama que lideraba el exdirigente del PP madrileño, a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción estudie toda la documentación de la que dispone por si viera necesario imputar a otros presuntos responsables. EP.
