Existe un viejo dicho en español que dice «En casa de herrero, cuchillo de palo», y que viene como anillo al dedo en torno al conflicto existente en el seno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) . Un conflicto que tiene su origen en la opacidad con la que se ha contratado al equipo jurídico de este organismo.
Tres organizaciones dela sociedad civiil, como Access Info, Transparencia Internacional España y Civio reclaman al Consejo de Transparencia precisamente eso, transparencia total en ese asunto.
Que se explique con claridad.
Desde estas organizaciones han indicado a CONFILEGAL que desde el primer conflicto en los tribunales contra el Gobierno, a finales de 2015, el CTBG se encontró con una coyuntura no prevista.
No podían hacer uso de la Abogacía del Estado, por el conflicto de intereses que eso suponía. Así que tuvieron que buscar su propia representación legal.
La primera vez fue en el proceso contra RTVE, y según el propio CTBG, tuvieron solo unos días para encontrar abogado.
Y optaron por contratar de forma directa a una con vínculos profesionales previos con la directora del organismo.
Sin embargo, para estas entidades la situación no acaba de resolverse.
Y destacan que han pasado casi dos años desde entonces y, durante este tiempo, dos personas han ido representado al CTBG en decenas de litigios y bajo el mismo sistema de contratación directa.
Consulta sobre contrataciones
En julio, tras tener conocimiento de los hechos, gracias al aviso de un ciudadano, Access Info, Transparencia Internacional España y Civio plantearon una serie de preguntas al CTBG, para aclarar sus dudas con respecto a estas contrataciones y, sobre todo, para reclamar explicaciones públicas ante la ciudadanía sobre este asunto.
El CTBG resolvió una parte de esas preguntas, pero desde este frente común asociativo se sigue teniendo dudas sobre aspectos importantes, sobre todo: ¿por qué se siguió contratando a las mismas personas una vez solventadas las prisas iniciales?
¿A quién se pidió ayuda para seleccionar a profesionales y por qué no se volvió a preguntar o a buscar alternativas en más de un año?
Access Info, Transparencia Internacional España y Civio consideran que, aunque pudiera estar justificado este procedimiento ante las prisas de un primer proceso, la situación ha durado demasiado tiempo y el CTBG debería haber encontrado soluciones para poner en marcha una selección basada en la concurrencia y la transparencia.
Además, creen que pese a que haya dictámenes del Consejo de Estado y de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre algunas partes de este proceso que establezcan que se cumplen las condiciones legales, ciertas actuaciones pueden dejar en mal lugar a un organismo que debe ser garante de la transparencia y, por lo tanto, ejemplar ante este tipo de situaciones.
Es más, lo que señalan desde un principio, las organizaciones que han cuestionado esta situación es que el CTBG debe comunicar, de forma abierta, qué ha pasado y cómo se pretende resolver esta cuestión tan importante.
Transparencia total en el Consejo de Buen Gobierno
Además, debe publicar en su lista de contratos estos servicios, incluyendo nombres de los representantes legales, cantidades y procedimiento judicial (ahora mismo lo publica en una lista de gastos inferiores a 1.000 euros, pero sin nombres de los destinatarios).
Los importes de esos contratos hacen que la ley no obligue al CTBG a hacerlos públicos, pero, dada la situación, el Consejo debería ir más allá de los mínimos que marca la norma para ser ejemplo.
Desde estas organizaciones se recuerda que la sociedad civil puede -y debe- ejercer un papel de vigilancia y control de todos los organismos públicos en una sociedad democrática.
Es una función en la que las tres organizaciones que han hecho frente común sobre este tema creen firmemente.
«Si plantear una serie de preguntas al CTBG por parte de la sociedad civil se percibe como un ataque, estamos ante una situación muy preocupante», afirman fuentes de las mencionadas organizaciones.
A juicio de estas entidades se subraya que el CTBG debe seguir defendiendo los derechos de los ciudadanos ante los tribunales como lo ha venido haciendo hasta ahora y que esa función es esencial, dado que el Gobierno se está negando en demasiadas ocasiones a cumplir sus resoluciones, conceder la información solicitada y cumplir la Ley de Transparencia
Pero también matizan que el proceso de contratación de profesionales que les representen debe ser, más aún en el organismo del que se trata, concurrente y transparente.
