El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha asegurado hoy que la implementación de un plan de prevención penal en una empresa «no es un coste sino una inversión» que debe ser realizada en todas las compañías que cuenten con vocación de «permanencia y viabilidad».
Así lo ha asegurado durante su intervención en la jornada sobre ‘compliance’ y prevención penal para empresas y pymes que se ha celebrado en el Palacio Miramar de San Sebastián.
El magistrado, que fue nombrado el pasado 17 de mayo miembro de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional tras haber instruido desde este tribunal los casos Lezo o Púnica, entre otros.
Durante su intervención, Velasco ha explicado que en el derecho español la idea de que la empresa puede delinquir fue introducida, vía trasposición de una directiva europea, el 24 de diciembre de 2010.
Recordando que un plan de prevención penal ayuda al empresario y a sus empleados a conocer la legalidad en su sector de actividad ya que el desconocimiento del derecho puede llevar a cometer acciones que están prohibidas o que constituyen un delito.
Velasco ha reconocido que en un principio era un «ateo» de estas teorías pero sus años de trabajo en la Audiencia Nacional donde ha investigado a alrededor de 90 empresas involucradas en delitos le han llevado a concluir que es positivo.
El magistrado ha puesto el énfasis en la prevención para que una empresa «no caiga en una causa penal» porque, ha advertido, «a partir de ese punto la solución no suele ser buena» y acarrea costes en cuanto a la reputación de la marca irreparables aunque finalmente quede absuelta en el proceso que se ha seguido contra ella.
Ha ironizado que esta es la fase de «asustar» a las empresas para «que se crean» la necesidad de aplicar planes de «compliance» y ha recordado que tampoco se creyó en un principio en cuestiones como los «planes de prevención de riesgos laborales, de blanqueo de capitales o de protección de datos» pero «poco a poco» se han dado cuenta de que no se trata de un coste sino de una inversión.
Para aquellas compañías que quieren tener «permanencia y suceder a quienes las fundan así como mantener los puestos de trabajo y generar riqueza industrial es una inversión», ha remarcado.
En este sentido el abogado Iñaki Jauregui ha explicado que un plan de prevención del delito puede evitar situaciones de corrupción ya que establece un «canal de alertas» por las cuales un empleado puede informar, bajo anonimato, al equipo jurídico de que se está cometiendo un delito y la empresa puede tomar las medidas para evitarlo y trasladar el caso a las autoridades.
En la citada jornada, dirigida a profesionales de las asesorías jurídicas de empresas, también ha participado la magistrada del Tribunal Supremo María Ángeles Villegas, han explicado la figura conocida como «compliance«, que incluye a las herramientas necesarias que permiten asegurar a una empresa el cumplimiento de la normativa vigente.
