Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley que pide derogar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por el exministro Alberto Ruíz Gallardón, por considerarla «un fracaso» que ha fomentado un «modelo presidencialista» y favorecido injerencias políticas en el poder judicial.
Así lo ha explicado en el Congreso, la portavoz del grupo de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, Irene Montero, quien ha adelantado que su objetivo es que esta iniciativa sea también el primer paso que permita pactar con el resto de las fuerzas políticas un nuevo modelo de CGPJ.
«Intentamos revertir las terribles injerencias del poder político en el poder judicial», ha dicho Montero al explicar que su proposición de ley solicita la derogación de la reforma de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.
Esa reforma, impulsada por Gallardón redujo las competencias del órgano de gobierno de los jueces y favoreció un régimen presidencialista en esta institución.
Volver al modelo anterior
En su proposición de Ley, Podemos recuerda que «El Consejo General del Poder Judicial nunca ha gozado del prestigio que necesitaría, ni entre los jueces, ni en la ciudadanía en general». Y aunque reconoce que el modelo anterior era un «modelo desgastado», que necesitaba una «reconstrucción», esa mejor que el actual. Por ello señala que «es urgente acabar con el actual modelo y, como mal menor, volver a la situación anterior».
Un modelo, donde «la ilimitada presencia e influencia del Presidente del Consejo -incompatible con la colegialidad que exige la Constitución y con presidente, conviene recordar, redactor de la propia LO 4/2013 y Director General del Justicia bajo tres ministros del partido actualmente en el ejecutivo-«.
En su provisión de Ley, Podemos, indica que el actual modelo del Consejo «requiere una intervención de emergencia, que no puede ser otra que la derogación de la Ley Orgánica 4/2013«, por su «ineficacia».
Y justifica esta petición por «el clientelismo, el sometimiento al poder ejecutivo, la marginación de las minorías, la desigualdad entre los vocales de, se ha dicho, «primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría», la acritud y desconfianza hacia las asociaciones judiciales, la falta de representación de todas las categorías judiciales, la ausencia de pluralismo y la ineficiencia«.
Una política de nombramientos «cuestionada»
En la citada Propuesta de Ley, en su exposición de motivos, Podemos subraya que «La política de nombramientos es, posiblemente, el área de la actividad actual Consejo más cuestionada y censurada, tanto por la ciudadanía en general, como entre los integrantes de la Administración de Justicia, en particular, jueces y magistrados».
Aseguran que «los criterios de mérito y capacidad, el principio de igualdad de acceso a los cargos públicos y la efectiva funcionalidad de la normativa de la igualdad de género han brillado por su ausencia.
Estrutura presidencialista
El actual reparto de competencias entre los órganos del Consejo, combinado con el ejercicio a tiempo parcial del cargo de vocal, ha propiciado la desnaturalización del órgano. Y ahora, con la actual estructura «la clave de la bóveda del Consejo ha pasado del Pleno, es decir, de la actuación colegiada de sus veintiún miembros, a la Comisión Permanente, integrada por siete vocales a dedicación completa, que son nombrados, ex artículo 601.2 LOPJ, «a propuesta del Presidente».
Es por lo tanto el actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, «el vértice del esquema organizativo del órgano», desplegando su influencia sobre el Pleno y las Comisiones.
«Ha dejado de ser un órgano colegiado» y «se ha transformado en un órgano monográfico».
Defensa de la independencia judicial
Además, denuncian también la «ausencia de respuesta efectiva a la petición expresa de amparo ante ataques a la independencia de magistrados de la Audiencia Nacional por parte de destacados miembros del Partido Popular y del Gobierno.
En este sentido, señalan las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría, sobre el cómputo total del la penas de prisión que dieron lugar a un «escrito conjunto de 15 magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo solicitando amparo o el más reciente posicionamiento del Presidente del Consejo en plena crisis del Govern de la Generalitat de Cataluña, emitiendo juicios anticipados acerca de la legalidad de los actos de los poderes públicos y, lo que más grave, incitando su impugnación».
Por todo ello, aseguran desde nidos Podemos-En Comù Podem-En Marea que el actual status quo del poder judicial «no es posible avanzar en el consenso para una estrategia consensuada en materia de Justicia».
