La juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar como investigadas a 23 personas dentro de la pieza separada de la causa donde se indagan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta que afecta a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), todo ello después de que la Fiscalía Anticorrupción haya concluido que la Faffe realizó contratos «indiciariamente irregulares» por importe de 9.465.332 euros.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende de este modo la petición realizada por Anticorrupción y cita a declarar a las 23 personas investigadas los días 16, 22 y 23 de febrero del próximo año 2018.
Entre las 23 personas imputadas se encuentran el ex director general de la Faffe Fernando José Villén Rueda; Joaquín Morales, exdirector de Organización y Sistemas de Faffe, o el exalcalde socialista de la localidad sevillana de Lebrija Antonio Torres García.
La juez, en esta providencia fechada el día 27 de noviembre y consultada por Europa Press, cita además a declarar los días 1 y 2 de febrero de 2018 a una decena de testigos.
Asimismo, la magistrada acuerda numerosas diligencias, como librar a oficio a la Dirección General de Formación para el Empleo para que remita el expediente de los distintos reintegros incoados contra la Faffe e informe «sobre los trabajos de justificación y liquidación previo a la integración de la Faffe en el SAE».
De igual modo, reclama a la Faffe que emita un informe sobre el estado en que se encuentran las subvenciones investigadas y del resultado de revisión de las mismas por parte del grupo de trabajo que se formó en la propia Dirección General de Formación, «debiendo emitir informe definitivo, a la mayor brevedad, sobre posible fraude de estas subvenciones».
Además, la juez libra oficio a la Dirección General de Formación para el Empleo a fin de que facilite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «las cuentas de las empresas beneficiarias de los contratos celebrados» por la Faffe, «incluyendo la adjudicación a empresas y sociedades con adjudicaciones de contratos irregulares».
También le pide que facilite a la UCO «el repositorio de correos electrónicos» de la Fundación Faffe y que «se informe sobre la existencia del repositorio de correos electrónicos de la Fundación», así como que se facilite a la Guardia Civil «la operativa sobre los pagos con tarjeta de los ingresos contables en efectivo de la caja central».
CONTRATOS «IRREGULARES»
La Fiscalía Anticorrupción realizó todas estas peticiones a la juez en un escrito fechado el 6 de septiembre y consultado por Europa Press, donde considera que la extinta Faffe realizó contratos «indiciariamente irregulares» por importe de 9.465.332 euros, según se desprende de un nuevo atestado remitido al Juzgado por la UCO el pasado mes de junio.
A juicio de Anticorrupción, del informe elaborado por la Guardia Civil se desprende «con carácter de probabilidad o verosimilitud que la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional».
Según expone el Ministerio Público, estos contratos «supondrían una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares».
PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN
La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.
Al hilo, precisa que, para llevar a cabo el supuesto fraude, se habrían utilizado una serie de instrumentos como el «fraccionamiento» de los contratos; la utilización en la tramitación de procedimientos «urgentes»; la «influencia» de las empresas adjudicatarias en la designación de las sociedades participantes; la utilización de ofertas de resguardo por empresas instrumentales; y las modificaciones contractuales, en especial la prórroga.
También alude a otros instrumentos como la participación de la empresa adjudicataria en la aprobación del presupuesto, o la participación en los procedimientos de contratación de empresas vinculadas.
La Fiscalía concluye igualmente que las actuaciones realizadas en esta investigación «habrían confirmado la existencia de indicios delictivos en los procedimientos de contratación de la Faffe», de acuerdo con la documentación recabada, el informe de auditoría y las declaraciones de los empleados. (EP)
