Delegación española que asistió al Parlamento Europeo.
El movimiento de discapacidad europeo reclama a Bruselas que defienda sus derechos
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08/12/2017 06:02
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Actualizado: 07/12/2017 19:03
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La celebración este pasado miércoles del IV Parlamento Europeo de las personas con discapacidad (EPPD) en Bruselas ha servido para que el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), del que el CERMI español forma parte, aprobara una resolución sobre la estrategia europea a seguir en la década 2020-2030. Dicha estrategia debería adaptar la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad y avanzar en todos los países en materia de accesibilidad.
En este evento el propio presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, señalaba que “en relación con el derecho al voto de las personas con discapacidad y con las necesarias condiciones de accesibilidad universal para ejercer el derecho de sufragio en igualdad de condiciones, que “no es una cuestión de solidaridad, sino de libertad”.
“Esta Cámara debe ser un ejemplo de accesibilidad e inclusión. En 2019, fecha de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, todas las personas deben poder votar libremente”, comentó Tajani, quien puso en valor un programa piloto en Madrid que cuenta con la participación de la ONCE para que puedan votar en igualdad de condiciones las personas ciegas.
En esta línea, la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thissen, declaró que “hay que crear una Europa que respete la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Además, resaltó la importancia de adoptar las decisiones que afectan a las personas con discapacidad trabajando junto al tejido asociativo, apuntando que “nada por ustedes sin ustedes”.
Por su parte, el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, Yannis Vardakastanis, aprovechó su intervención para preguntarse que “¿Somos ciudadanos las personas con discapacidad? Si no votamos, desde luego que no seremos ciudadanos de pleno derecho”. Asimismo, hizo un llamamiento para construir una Europa más social, realizando las inversiones precisas.
Entre las intervenciones, destacan también las de dos mujeres con discapacidad. En concreto, María Pino, de Plena inclusión, recordó que en España hay unas 100.000 personas que no pueden ejercer el derecho al voto por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, por lo que pidió acabar con esta situación cuanto antes.
Mientras, Nerea Cuervo exclamó que “somos personas, y muy capaces. Tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes y a ser también elegidos. Hay que dar pasos para que este principio se cumpla en todos los países”.
CERMI reclama que los Estados cumplan la Convención de la ONU
Oscar Moral, asesor jurídico del CERMI, formó parte de esta embajada de la entidad española a Bruselas explica a CONFILEGAL que “la representación de la discapacidad europea aprobó por unanimidad un manifiesto con propuestas de cara a las próximas elecciones europeas de 2019”. La idea es que ningún ciudadano con discapacidad se quede sin votar en estos comicios, lo que será un auténtico reto alcanzarlo.
En dicho documento, el derecho de sufragio tiene una importancia fundamental, pues se exige “una Europa donde los procesos electorales sean plenamente accesibles y donde las personas con discapacidad tengan derecho a participar plenamente en la vida política y pública”.
Intervención del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
Para ello, “el Foro Europeo de la Discapacidad reclama devolver el derecho al voto a todas las personas con discapacidad que no lo tienen reconocido por una sentencia de incapacitación, así como que se garantice la accesibilidad de los procesos electorales (material electoral, centros de votación, etc.
Sobre la situación de nuestro país respecto a otros de nuestro entorno, Moral destaca que “estamos avanzando de forma progresiva y logrando conquistas importantes”. Recuerda que todos los países están en un gran compromiso y que tanto la UE como los estados miembros deben” de creer en la Convención de la ONU de los Derechos para las Personas con Discapacidad, como herramienta transformada que lo es”.
Para este jurista “mientras no seamos capaces de reconocer la citada Convención como nuevo marco donde debemos trabajar, eliminando modelos antiguos para impulsar los derechos humanos desde una vertiente social, no avanzaremos adecuadamente”. En el caso español, se han dado pasos “pero queda ver cómo se desarrolla en nuestro Parlamento el derecho a voto, así como la implementación del jurado”.
En su opinión, uno de los temas claves que preocupa al movimiento de la discapacidad en nuestro país es el de la capacidad jurídica “este es un asunto que puede ser transformador. Ubicaría a muchas personas que están más excluidas que el resto, las colocaría en una posición diferente, hasta ahora no contemplada. Debe ser uno de los objetivos de cara al 2018 y no podemos dejar a nadie atrás”, subraya.
Recurso ante el Tribunal Supremo por la inactividad del Gobierno
En Bruselas se ha escuchado con atención la actividad del CERMI que días antes presentaba ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de España por inacción al no haber aprobado, tras superar todos los plazos legales, el Reglamento de condiciones de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público.
Coincidiendo con el 4 de diciembre de 2017, límite legal para que todos los entornos, productos y servicios sean accesibles, el CERMI ha planteado este recurso ante el Supremo para que el Alto Tribunal condene al Estado a cumplir la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social de 2013, que ordenaba al Ejecutivo aprobar este desarrollo reglamentario en el plazo de 2 años, que expiró en diciembre de 2015.
Para Moral, no ha hubo otra solución que interponer dicho recurso “dada la inactividad del Gobierno, que ha ignorado este mandato legal, pese a las insistentes peticiones del movimiento social de la discapacidad, el CERMI presenta este recurso a fin de que la Justicia, si estima la demanda, obligue al Ejecutivo a cumplir las leyes del Parlamento cuando le ordenan acometer desarrollos reglamentarios”.
Y destaca que “ la no aprobación de estas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios impide que se avance en la inclusión de las personas con discapacidad en ámbitos como el comercio, la educación, la cultura y el deporte, entre otros, al no existir una normativa mínima estatal reguladora de estas necesidades de accesibilidad”.
La demanda del CERMI se enmarca en la litigación estratégica que desde la plataforma de la discapacidad se efectuará en las próximas semanas y meses contra los titulares de entornos, bienes y servicios, públicos y privados, que no cumplan con los requisitos legales de accesibilidad.
Esbozo Estrategia Europea de Discapacidad
En este encuentro en Bruselas, al mismo tiempo se declaró que el próximo 2021 se declaraba como Año Europeo de los Derechos de las Personas con Discapacidad; donde se espera un mayor diálogo con las organizaciones de la discapacidad por parte de las instituciones comunitarias; salvaguardar el presupuesto de la política de cohesión en el marco financiero multianual.
Junto a estos objetivos “algunas reivindicaciones del manifiesto tienen que ver con “la aplicación por completo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, y atender en todas las políticas de discapacidad las necesidades específicas de las mujeres y niñas”.
Por último, también se aprobó por aclamación la ‘Resolución del Foro Europeo de la Discapacidad sobre la Estrategia Europea de Discapacidad 2020-2030’,” con la que se reclama que dicha estrategia cubra todas las disposiciones de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con un presupuesto asignado a su implementación y un mecanismo de supervisión bien dotado de recursos”, comenta Oscar Moral.
Dicha resolución “insta a las instituciones europeas a que se tengan en cuenta las observaciones del Comité de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación con el cumplimiento de la Convención y que involucre a todas las instituciones y al conjunto de la sociedad”, indica nuestro interlocutor.
El texto aboga también por “avanzar en materia de accesibilidad universal; la mejora de la formación de los profesionales de la UE en materia de discapacidad; la promoción de la autonomía personal; reforzar la legislación para luchar contra la discriminación por razón de discapacidad, y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU, que contiene procedimientos para fortalecer la protección de los derechos de la ciudadanía con discapacidad”, destaca Moral.
En Bruselas se sigue de cerca el conflicto entre el CERMI y el Gobierno español, ahora en la sala contenciosa del Tribunal Supremo, por haber aprobado el Reglamento de accesibilidad y no discriminación para este colectivo.
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