La Comisión Europea (CE) debatirá este miércoles si aplica el artículo 7 de los tratados europeos a Polonia por su polémica reforma judicial, un mecanismo previsto para responder a rupturas del Estado de derecho en los países europeos que puede resultar en la retirada de su derecho a voto en la Unión Europa.
El pasado 26 de julio Bruselas dio a Varsovia un plazo de un mes para rectificar sus reformas del sistema judicial, que a juicio de la Comisión ponen en riesgo el Estado de derecho y la independencia judicial.
Entre los aspectos más polémicos de esta reforma contempla la reducción de la edad obligatoria de jubilación para los jueces del Tribunal Supremo, que pasa de 70 a 65 años, lo que obliga a parte de los 87 magistrados en activo a dimitir a menos que el presidente del país les exima de manera individual de esa exigencia.
También atribuye al Gobierno la potestad de nombrar (y cesar sin causas tasadas) no sólo al presidente del Tribunal Supremo, sino también a los principales cargos de la cúpula judicial (magistrados en tribunales regionales y de apelación). Incluso le permitirá elegir a determinados jueces para juzgar casos concretos y libertad para hacer y deshacer destinos. La independencia e inamovilidad de los jueces polacos puede ser cosa de historia.
A esto se une otro factor muy relevante: el pasado mes de marzo se fusionaron los cargos de ministro de Justicia y de fiscal general del Estado, con lo que el Gobierno puede intervenir directamente en todos los procedimientos.
Posible activación del artículo 7
La Comisión Europea emitió tres advertencias y recomendaciones hacia las autoridades polacas entre 2016 y 2017 y puso sobre la mesa la posibilidad de activar el artículo 7 el pasado verano.
La activación del artículo 7, conocido como la «opción nuclear» y que nunca se ha llegado a usar, podría suponer en última instancia la suspensión del derecho a voto de Polonia en las reuniones del Consejo de la Unión Europea (UE), que representa a los países.
Pese a que la aprobación de este tipo de sanción requiere la unanimidad de todos los Estados miembros, la apertura de la advertencia formal puede salir adelante con cuatro quintas partes de los países.
El pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado noviembre que el Consejo aborde una posible aplicación de sanciones contra Polonia si Varsovia no garantiza la separación de poderes que exigen los tratados europeos.
La Comisión de Venecia dice que las reformas son «una grave amenaza»
La Comisión de Venecia, un organismo legal que asesora al Consejo de Europa, ha advertido de que las reformas son «una grave amenaza» a la estructura judicial polaca, y los principales partidos de la oposición denuncian que violan la Constitución.
El 8 de diciembre el Parlamento polaco, donde el partido gubernamental Ley y Justicia (PiS) cuenta con mayoría absoluta, aprobó dos proyectos de ley para cambiar el funcionamiento del Tribunal Supremo y el proceso para nombrar al Consejo Nacional de la Judicatura, el organismo que designa a los jueces.
