El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha acordado continuar con el procedimiento abreviado la causa contra Juana Rivas por los delitos de desobediencia a la autoridad y sustracción de menores que supuestamente cometió al aprovechar un viaje a España para no regresar con sus dos hijos a Italia, donde residían junto al padre.
En un auto emitido este jueves, la jueza considera que hay «motivos suficientes» para atribuir, de forma indiciaria, la perpetración de esos delitos a la investigada.
La juez ordena que se dé traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.
En el auto, contra el que cabe recurso de reforma y de apelación, la jueza ha puesto de manifiesto «la falta de colaboración total y absoluta» por parte de esta madre en cuanto a su «obligación» de cumplir «resoluciones judiciales firmes» que conocía «perfectamente» y hace alusión a las dictadas por el Tribunal Constitucional en relación a esta causa, las cuales han sido desestimatorias de las pretensiones» de Rivas.
En el auto se recuerda que las presentes diligencias se incoaron a raíz de que abandonara el 18 de mayo de 2016 el domicilio familiar situado en Carloforte (Italia) «con la excusa de pasar unos días en España para visitar a sus familiares con el consentimiento del padre, el italiano Francesco Arcuri, para que abandonaran este país.
No obstante, «el 2 de agosto Rivas le informó de que no tenía intención de regresar de nuevo a Italia y que los menores se quedaban con ella en territorio español», ante lo que Arcuri emprendió acciones legales en Italia, resolviendo la Justicia de este país que la custodia de los niños, al ser nacionales italianos, correspondía al padre.
La denuncia que Arcuri presentó en Granada contra Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores y uno de desobediencia judicial acabó en este Juzgado, el cual considera que la madre tenía «pleno conocimiento» de las distintas resoluciones judiciales dictadas en vía civil que le obligaban a la entrega de los niños y que incumplió cuando el 26 de julio de este año no los llevó al punto de encuentro situado en la calle Arabial.
Fue a raíz de esta situación cuando el Juzgado de Instrucción 2 de Granada incoó diligencias contra ella y la citó a declarar el 8 de agosto como investigada junto al padre de los menores, pero Juana Rivas no acudió a la comparecencia, por lo que se dictó una resolución donde se acordó su detención y que, en caso de ser localizados, los menores fueran «inmediatamente y sin excusa entregados al padre».
Finalmente, el 22 de agosto la Policía Nacional arrestó a Rivas y la puso a disposición judicial. Tras prestar declaración como detenida, como presunta responsable de los delitos de desobediencia a la autoridad y de secuestro de los dos hijos menores, por parte del juez de Guardia, fue puesta en libertad.
FALTA DE COLABORACIÓN
Subraya la jueza que «en la declaración prestada en sede judicial a consecuencia de su detención, en ningún momento Rivas expuso dónde tenía escondidos a lo menores, con la finalidad de dar el debido y completo cumplimiento a las distintas resoluciones civiles que así lo acuerdan», como la dictada por el Juzgado de Familia 3 de Granada que luego confirmó la Audiencia Provincial.
Con estos antecedentes, y ante la «falta de colaboración total y absoluta» se dictó un auto el 24 de agosto en el que se le conminaba a devolver a los menores, lo que ocurrió cuatro días después.
La jueza suma a estas circunstancias las distintas resoluciones del Juzgado de Primera Instancia de Granada y de la Audiencia Provincial de Granada donde se alude a la «falta de sustento de las motivaciones alegadas por la encausada para presuntamente incumplir su obligación de entrega o restitución» de los menores.
Juana Rivas siempre alegó que salió de la isla de Carloforte (Italia) con sus hijos para huir de una supuesta situación de maltrato por parte de su pareja durante su convivencia entre junio de 2013 y mayo de 2016 en este país.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra su expareja al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana puso en Granada al respecto.
La decisión del Juzgado de Violencia ha sido respaldada por la Audiencia Provincial de Granada, que consideró el pasado noviembre «absolutamente inasumible» una doble investigación «por dos Estados soberanos en el ámbito de la Comunidad Europea, de unos mismos hechos, contraviniendo Tratados internacionales sobre la materia».
De forma paralela a este proceso, el Tribunal de Cagliari tiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia de los menores, que en la actualidad residen con el padre en Carloforte.(EP)
