El fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, ha convocado para el próximo 10 de enero a la Junta de Fiscales de la Comunidad de Madrid para someter a votación la discrepancia surgida con el fiscal de medio ambiente, César Estirado, en torno a la decisión de no investigar al director general del Registro y del Notariado del Ministerio de Justicia, Javier Gómez Galligo, en el marco del caso de Hoyo de Manzanares.
Una decisión que fue tomada por Polo tras la celebración de una Junta de Fiscales, celebrada la pasada semana, para tal fin, después de que Gómez Gallizo invocara el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El Consejo Fiscal, que preside el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, anuló, el pasado miércoles, dicha Junta de Fiscales y ordenó que volviera a reunirse y que se celebrara una votación.
Dicho precepto dispone que “el Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola”.
La interpretación más correcta
El Consejo Fiscal consideró que la interpretación más correcta del artículo 27 es la de que la Junta de Fiscales vote, en vez de expresar tan solo su parecer.
Por esa circunstancia, entendió que la decisión, al adolecer de votación, tenía un defecto de forma en la tramitación de la discrepancia.
“Yo lo sometí a un escrutineo técnico. El Estatuto cuando dice ‘oída la Junta de Fiscales o manifestada la Junta de Fiscales’, no se refiere a que haya que votar con papeleta de mano alzada sino a emitir una opinión. Por eso pedí a los fiscales presentes que opinasen jurídicamente. sobre si se le imputaba o no. No cabía la abstención”, explicó Polo a Confilegal.
Su resolución, afirmó, vino “avalada por dos informes de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado”.
“Ahora, el fiscal general del Estado, y el Consejo Fiscal, entienden que eso tenía que haberse hecho a través de una votación. Pues se hace una votación. No va haber ningún problema. Es más, la votación va a ser abrumadoramente mayoritaria a la tesis que he mantenido”, concluyó.
Entre las personas denunciadas en el caso de Hoyo de Manzanares se encuentra el alcalde y presidente del PP de esa localidad, Ramón Regueiras, seis concejales del Gobierno Local y otras 7 personas, entre ellas a la edil de Ciudadanos Elena Talavera y dos representantes de la Universidad Antonio de Nebrija.
La investigación versa sobre el intento de segregar una parcela para unir la A6 con un nuevo desarrollo urbanístico que proyectaba construir la universidad. En concreto, la construcción de 118 viviendas libres alrededor de la Universidad Antonio de Nebrija.
