La Audiencia Nacional ha concedido la extradición a China a un total de 214 ciudadanos de ese país -121 el viernes de la pasada semana y 93 ayer- que fueron detenidos en diciembre del pasado año en el marco de la operación «Wall», por integrar una trama de estafa telefónica contra ciudadanos de su país de origen para sustraerles grandes sumas de dinero.
La Sección Segunda, de lo Penal, expone en un auto que se dan los requisitos del Convenio de Extradición y que el tratado bilateral se cumple «específicamente» por parte de China, que pretende juzgar a un total de 269 personas detenidas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga y Zaragoza por el delito de estafa.
Los hechos se remontan a diciembre del pasado año cuando el Servicio Interpol de la Policía puso en conocimiento de la Audiencia Nacional la presencia en España de ciudadanos chinos reclamados por su país porque formaban parte de una organización criminal dedicada a estafar a ciudadanos a través de llamadas telefónicas.
Se les indicaba que estaban implicados en la comisión de diversos delitos y les pedían dinero a cambio de arreglar su situación.
La resolución, de la que es ponente el magistrado Eloy Velasco, dice que los errores «e incluso falsedades» que los detenidos denunciaron durante las vistas de extradición de septiembre (por ejemplo que no estaban en España en el momento de los hechos) ni son generalizados ni tienen peso global teniendo en cuenta «la cantidad de información» que tuvo que aportar China en el plazo de 72 horas para reclamar la extradición de los detenidos.
VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS
También responde a los acusados que no ha quedado demostrado que efectivamente se vayan a vulnerar sus derechos fundamentales una vez autorizada la extradición.
Al respecto, su representación procesal denunció que no se le aplicarían las garantías procesales de un juicio justo teniendo en cuenta «las desavenencias políticas» existentes entre China y Taiwán, isla de donde son originarios la mayoría de los detenidos.
Los letrados de los acusados plantearon que se vulnerarían sus derechos atendiendo a la declaración hecha por un reclamado de esta trama que ya ha sido entregado a China y que, según dijo, en el juicio celebrado le obligaron a declarar.
En respuesta, los magistrados precisan que este proceso de entrega ni trata de homogeneizar legislaciones procesales ni homologarlas.
DISPOSITIVO DEL MACROOPERATIVO
La macrooperación contra esta trama de estafa telefónica implicó la puesta en marcha de un gran dispositivo en el que participaron cuatro jueces de instrucción, seis fiscales, 95 abogados de oficio, seis letrados de la Administración de Justicia, casi una treintena de funcionarios, seis intérpretes y numeroso personal forense y policial para tomar declaración y empezar a tramitar la extradición de los 269 chinos.
La pasada semana la Audiencia Nacional ya autorizó la extradición de 121 ciudadanos chinos implicados en la causa por lo que todavía tiene que pronunciarse por la situación procesal de 55 implicados en la trama. EP.
