El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, ha vuelto a asegurar que la defensa de la Infanta Cristina que coordinaba Miquel Roca le llegó a ofrecer «dos o tres millones de euros» si retiraba la acusación en el juicio del caso Nóos, al tiempo que ha denunciado que su imputación por extorsión es una «venganza» por no hacerlo.
«Ha sido un juicio político y mediático, una persecución política por poner en evidencia la corrupción de un régimen y una venganza por acusar a la Infanta de España», ha afirmado Bernad en rueda de prensa en Madrid después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya pedido para él 24 años y 10 meses de prisión por liderar, junto al presidente de la extinta Ausbanc Luis Pineda, una red de extorsión.
El líder de Manos Limpias, que fue la acusación por la cual la Infanta fue juzgada por el caso Nóos, ha querido ofrecer su versión de las acusaciones que pesan contra él y ha dedicado buena parte de su intervención a la supuesta extorsión a la Casa Real para retirar la imputación a Doña Cristina que menciona el fiscal en su escrito de acusación.
Según ha explicado Bernad, «unos dos meses antes de la apertura de juicio oral» por el caso Nóos, un abogado del despacho de Roca, Jaime Alonso, le citó en una cafetería de Madrid y le ofreció «dos o tres millones de euros» a cambio de retirar la imputación contra la hija del Rey Juan Carlos.
«LA FAMILIA REAL ESTABA MUY MAL»
Todo ello, ha asegurado, unos meses después de que el entonces presidente de La Caixa, Isidro Fainé, le citara en su despacho para transmitirle la «preocupación» del Rey por este asunto.
«Me decían que la Familia Real estaba muy mal. Fainé apeló a mi sentido de Estado para que valorara retirar la acusación», ha apuntado.
Por tanto, Bernad ha reconocido que valoró echarse atrás en la imputación de la Infanta, ya que llegó a hablar con la defensa de entregar el dinero «en efectivo, que no tendría seguimiento», al mismo tiempo que el escrito de desistimiento, hecho que finalmente no se produjo.
Asimismo, ha asegurado que fue él el que alertó a La Caixa de que Luis Pineda «quería hablar con ellos» y aconsejó que «no le hicieran ni caso».
Además, el secretario general de Manos Limpias ha denunciado en la rueda de prensa que «personas que están en las instituciones del Estado» le «advirtieron de las consecuencias» que le acarrearía haber imputado a la Infanta porque había «sobrepasado las líneas rojas».
A la pregunta de quiénes son esas personas, Bernad no ha querido dar nombres, pero ha asegurado que son «personas del Gobierno, de la Magistratura, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» y ha adelantado que su defensa pedirá su citación como testigos en el juicio oral por extorsión.
El relato que hace la Fiscalía sobre todo este asunto es bien distinto: según el escrito de acusación, primero Bernad exigió a Jaume Giró Ribas, director y responsable de Reputación de la Fundación La Caixa que la entidad ayudara económicamente con dos millones de euros a la empresa de seguridad LPM por la «grave situación financiera» que atravesaba; ante la falta de contestación, fue Pineda el que retomó la propuesta y después se puso en contacto con el despacho de Miquel Roca alegando que habían tenido muchos gastos procesales que podrían haber llegado «hasta los tres», refiriéndose a tres millones de euros.
Para el secretario general de Manos Limpias, su imputación en la trama de extorsión es un «proceso político» por imputar a la Infanta en el que se han «vulnerado» sus derechos fundamentales, al tiempo que ha denunciado que el objetivo de todo es «aniquilar» a Manos Limpias.
Así, considera «temerario», falto de «rigor» y «tremendamente intimidatorio» el escrito de acusación del Ministerio Público por asumir el «relato torticero» de la Policía: «Nadie ha podido decir que me he llevado un duro. No hay el menor indicio de criminalidad y aún así el fiscal me acusa. Es un disparate jurídico», ha señalado.
TUVO QUE «RECOGER COLILLAS Y LIMPIAR LETRINAS»
Bernad ha aprovechado la rueda de prensa para relatar su experiencia en la cárcel de Navalcarnero, en la que estuvo entre abril y diciembre de 2016. Según ha denunciado, tuvo que «recoger colillas del patio y limpiar letrinas» a pesar de que, ha explicado, el reglamento de la prisión prohíbe que lo hagan los internos mayores de 65 años –él tenía 74 cuando ingresó–.
Para el secretario general de Manos Limpias, el trato en la cárcel fue «vejatorio y humillante», al tiempo que ha denunciado que la «reinserción social» como un objetivo de la pena de prisión es una «gran falacia».
Por otro lado, Bernad ha utilizado también la presencia de medios de comunicación para mencionar que desde 2010 ha enviado distintos mensajes a La Moncloa para advertir al Gobierno de la deriva soberanista en Cataluña y que va a presentar esos documentos al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el denominado ‘procés’. EP.
