Jordi Ruiz de Villa, socio de Jausas: «Este 2018 es el año de las demandas contra el Popular”
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08/1/2018 06:05
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Actualizado: 07/1/2018 18:16
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Jordi Ruiz de Villa, socio de Jausas y responsable del Observatorio Financiero que desde hace años se estudian los fallos judiciales más destacados de primera, Audiencia Provincial y Supremo, asegura que «2018 será el año de las reclamaciones de grandes empresas por cláusulas suelo o swaps y las miles de demandas que llegarán del Banco Popular«.
También traerá mucha actividad en materia financiera e hipotecaria. Se espera que con MIFID II las entidades bancarias sean mas transparentes y responsables de cara a sus clientes.
El trabajo de este Observatorio que gestiona Jordi Ruiz de Villa permite saber la situación y analizar tendencias emergentes. Por un problema de salud personal “no está lo actualizado que debiera. Tenemos datos del 2016 pero falta lo del pasado año que incorporaremos a lo largo del 2018”. Sin embargo, pocos juristas como él, conocen la trastienda del sector financiero y las pugnas que existen en los tribunales con el consumidor.
Su diagnóstico sobre los productos complejos que la banca ha colocado a particulares y empresas es concluyente “a nivel de swaps, más del 80% de los fallos dan la razón a los inversores particulares, donde les cuesta un poco más es en el caso de empresas muy grandes, algunas de ellas obligadas a suscribir este tipo de productos financieros”.
Al mismo tiempo destaca que los bancos dejaron de vender swaps hace cuatro años, “ lo que ha generado que este tipo de casos haya disminuido considerablemente. Estos productos eran un engaño permanente, el cliente solo perdía dinero y nunca veía que su préstamo hipotecario disminuyera con el pago de las cuotas correspondientes”, indica Ruiz de Villa.
Sin embargo, la batalla judicial se ha trasladado a las empresas grandes. “Y se empiezan a ganarlas, también en Audiencias Provinciales y en Tribunal Supremo donde hay sentencias relacionadas con promotoras inmobiliarias; energía renovables o peticiones de daños y perjuicios que rondan los dos millones de euros y el Supremo ha reconocido alguno de dichas indemnizaciones”.
Un sector como la energía renovable acapara muchas de las demandas contra las entidades financieras en materia de swaps. “Nuestro consejo al mundo de la empresa es que reclame en derivados y tipos de interés, sobre todo si se les ha vendido fuera del tipo de mercado y no les dieron otras alternativas de cobertura de tipo de interés tienen amplias posibilidades de reclamar”. El proceso puede durar dos años y medio si se logra la ejecución provisional por parte del Supremo.
Acuerdo de financiación de litigios
En este contexto, Jausas suscribió un acuerdo el pasado año con la empresa de financiación de litigios Therium Capital que financia el pleito en la totalidad y sus costas a cambio de un porcentaje del resultado final “Especialmente este acuerdo nos ayuda a financiar los costes procesales de nuestros clientes de energías renovables. Ahora hay varias demandas pendientes de resolución en Audiencias Provinciales y Supremo sobre este tema”.
Las cantidades que se reclaman en estas demandas oscilan del millón y medio a los seis millones de euros en cada uno de esos asuntos. “Tener un socio que financie este tipo de asuntos deja claro que creen que ese desenlace puede beneficiar a la empresa demandante, de ahí que la participación de Therium Capital sea activa en este último año”. Con esta práctica se ahorran costes y minimizan riesgos.
Jordi Ruiz de Villa, socio de Jausas y responsable del Observatorio Financiero.
Muchas empresas grandes utilizaron los swaps para su financiación a largo plazo. “Eso significa que hay productos del 2005 suscritos que aún están operativos. La forma de comercializar estos productos fue muy incorrecta, no se daban alternativas y se vendían fuera de precio de mercado. Hay muchos y buenos argumentos para poder reclamar una compensación por estas compras abusivas”, explica nuestro interlocutor.
Con el cambio en las primas, las empresa tienen algo más de oxigeno y es cuando empiezan a reclamar. Y recuerda que “Con el acuerdo suscrito por Therium Capital muchos de nuestros clientes, grandes empresas pueden financiar sus pleitos a cambio de un porcentaje del total que se consiga al final del litigio».
2018 año del Banco Popular y sus múltiples demandas
En este análisis que hacemos con Jordi Ruiz de Villa y su Observatorio Financiero resalta el Banco Popular y su situación judicial. “Popular era un banco con problemas pero había pasado los test de estrés y aprobaba las auditorías todos los años. La ampliación de capital del 2016 ha sido la clave de su futuro. Se hizo por 1200 millones de euros para cubrir cualquier contingencia”, destaca.
Esa ampliación se haría en junio del 2016 “mientras tanto sigue haciendo los reportes trimestrales a la Bolsa señalando que está haciendo el Plan de Negocio. En marzo del 2017 ya empieza a decir que hace una pequeña rectificación de las cuentas porque había algo que no estaba bien. Un mes más tarde hace su Junta General donde se habla de otra ampliación de capital y en junio cuando se hace la resolución se indica que hay 12.000 millones de pérdidas”.
Para Ruiz de Villa estos 12.000 millones de pérdidas en tan solo un año “podría implicar que hubo unas pérdidas de 1.000 millones al mes. Esto es imposible con el balance del Popular y no es razonable ni justificable”. Y recuerda que la situación es parecida a la salida a Bolsa de Bankia en junio del 2011 con las cuentas de marzo decía que iba bien y “ en mayo del 2012 señalaron que necesitaban 23.000 millones de euros de capital”.
A juicio de nuestro experto, si Bankia puso como excusa el cambio de contexto macroeconómico y el propio decreto Guindos “ en cuanto al Popular no hay excusas en un contexto económico creciendo al 3%, con los valores inmobiliarios del banco creciendo en los dos últimos años. Por eso no parece serio justificar las pérdidas en que los activos se han deteriorado”, apunta este experto jurista.
En opinión de este experto “el caso Popular va a tener cierto paralelismo con lo que ha sucedido en Bankia y su salida a Bolsa. Va a suceder lo mismo. Recordemos que ya hay una querella en la Audiencia Nacional y se va a hacer un peritaje, con peritos nombrados que ya están trabajando. Una decisión más rápida que Bankia. Creo que señalarán que las cuentas estaban mal y como consecuencia de ello, todos los que compraron acciones en esa ampliación de capital interpondrán demandas”.
La postura del despacho es interponer demandas en dicho escenario “representamos a empresas, fondos y compañías de seguros. Tenemos al mismo tiempo afectados que compraron tras la ampliación de capital y antes de ella. Al mismo tiempo interpondremos una demanda de enriquecimiento injusto diciendo que aparte que la responsabilidad del Popular, cuando se adjudica al Santander por euro una cosa que vale mucho más y perjudica a los antiguos accionistas”.
Guerra judicial
Par Ruiz de Villa, la batalla judicial está a punto de iniciarse de forma masiva “en el momento que se conozca el peritaje veremos como se interponen dichas demandas. También observamos como los últimos administradores del Popular, Ron y Saracho se echan las culpas mutuamente de esa mala gestión”.
La solución para estos afectados puede estar en interponer demandas “ y que en el 2019 tengamos las primeras sentencias. Creo además que algunos casos deberemos esperar al pronunciamiento del Supremo para crear doctrina”.
“La batalla judicial contra el Popular arrancará cuando se conozca los resultados del peritaje. Es muy posible que a primeros del 2019 tengamos las primeras sentencias y que el Supremo tenga que pronunciarse en algunos asuntos concretos”
Sobre los fallos judiciales, recuerda que en el tema de Bankia con el paso del tiempo de aquel 80% de las sentencias a favor de los inversores “logramos alcanzar el 99% con posterioridad a medio plazo. Creemos que aquí pasará lo mismo. Los jueces tienen el precedente de Bankia y lo que dijo el Tribunal Supremo. Parece que están familiarizados con estos asuntos. En tres años los afectados cobrarán”, subraya.
Sobre el pago de estas demandas, Ruiz de Villa recuerda que “tanto el Popular, como el Santander que recientemente ha señalado que hará frente a todas las obligaciones contraídas por aquel banco serán quienes resarzan a los afectados”. Se habla que el Banco de Ana Patricia Botin podría tener preparada una provisión de 1900 millones de euros para compensar a los afectados del Banco Popular.
MIFID II
Esta conversación con Ruiz de Villa tiene lugar cuando acaba de llegar a nuestro país la directiva comunitaria MIFID II, en teoría una normativa más clara y dura para que las entidades financieras sean más transparentes y responsables con el cliente “ Me temo que vamos a seguir igual en la relación entidad bancaria y consumidor. Aquí la gran medida que no se tomo fue separar la banca privada de la comercial. El lobby bancario lo impidió”.
Y así lo justifica nuestro interlocutor “lo que no es posible es que en la oficina donde los consumidores depositan sus ahorros, se les pueda ofrecer productos muy complejos de los que poco conocen. Dichos productos deberían ofrecerse a aquellos inversores que por su cultura o capacidad económica entienden lo que compran, pero no como se ha hecho de forma generalizada e indiscriminada a cualquier ahorrador”.
De hecho, pese a los cambios financieros que se han producido y las medidas tomadas para evitar otra crisis de alguna entidad bancaria, este jurista cree que la situación podría volverse a producir en un par de años si realmente no hay un cambio profundo a nivel de normativa bancaria y control de dichas entidades. “Los supervisores financieros deben hacer su labor y controlar mejor la actividad de estas instituciones con multas elevadas por su mala praxis”.
Un Observatorio para conocer la situación del sector financiero
Desde este Observatorio que Ruiz de Villa gestiona desde hace años destaca que “ el Tribunal Supremo ha dictado muchas sentencias y ahora parece que es más conservador en sus fallos. Ahora desestima muchas sentencias por razones formales y no de fondo. Desde ese punto de vista sorprende el pronunciamiento del Alto Tribunal sobre IRPH en el caso KutxaBank al señalarlo como índice oficial y que no tiene transparencia”.
Pese a ello, nuestro entrevistado cree “ que el Supremo ha sido muy duro con los bancos, tanto en cuestiones de avales en las promociones, ha tenido presiones en las cláusulas suelo donde se le llego a decir que podría hundir el sistema financiero con sus fallos, cuestión que no ha pasado. Sus sentencias han equilibrado una situación de abuso brutal que existía por parte de las entidades financieras. Ahí están sus fallos sobre derivados o swaps o gastos hipotecarios e incluso el tema de Bankia y sus dos sentencias. Como consecuencias de ellas el presidente Goigozarri ofreció una compensación a todo el mundo”, aclara.
Otro asunto que será importante este año será el de las cláusulas suelo de empresa “Empieza a haber sentencias condenatorias a entidades financieras, no por el control de transparencia sino por mala fe contractual. Este año he puesto dos demandas y estudiado a fondo el tema es muy posible que se pueda ganar en primera y en segunda instancia”.
Respecto al futuro, Ruiz de Villa aventura al decir que “frente al Código Civil que ya tiene más de cien años de vida, estamos ante un área jurídica nueva, en formación y dinámica que aún nos va a dar sorpresas en los próximos años. Hay una problemática social de fondo que los controles que debería tener el mercado no funciona, ni a nivel legislativo, ni de supervisor, con escasas sanciones para las entidades bancarias”
Frente a ello, El sector judicial está resolviendo un problema social de fondo frente a los lobbies bancarios. Y aclara que el modelo de juzgado uniprovincial para resolver las cuestiones hipotecarias es demencial. “Habría que volver al sistema de reparto habitual de esa forma a cada juzgado le tocarían un 10% mas de casos de los que llevan”. Ahora el 30% de los casos que hay en España son reclamaciones de consumidores contra entidades financieras.
“Hay una problemática de fondo en el sector hipotecario. Los controles del mercado no funcionan, ni a nivel legislativo, ni de supervisor, con escasas sanciones para las entidades bancarias. Solos los jueces marcan las pautas con sus fallos”.
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