Presidido por el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia -y con un retraso de diez meses por problemas de salud del magistrado, primero, y de la fiscal del caso, después- comienza mañana en la Audiencia Nacional el juicio contra la excúpula del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) liderada por Francisco Camps.
Un juicio en el que se tratará de determinar si esa formación política pagó con dinero negro a la empresa vinculada a la trama Gürtel, Orange Market, los actos de campaña relativos a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.
Honrubia juzgará a 20 personas acusadas de delito electoral, falsificación de documento mercantil y varios delitos contra la Hacienda Pública, delitos que no sobrepasan, cada uno de ellos, los 5 años de cárcel, cuyo enjuiciamiento corresponde a este órgano judicial.
Entre los acusados se encuentran el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; su ‘numero dos’, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’.
Los mismos que fueron juzgados recientemente, por espacio de más de un año, por el tribunal de la Sección Seguna de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y que quedó visto para sentencia el pasado 17 de noviembre.
El juicio se dirige también, en este caso, contra cinco ex altos cargos ‘populares’ valencianos como Ricardo Costa y Vicente Rambla.
El resto de acusados son empresarios sospechosos de financiar de forma irregular a la formación política, como el exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.
Precisamente todos los empresarios salvo Blanco Balín, considerado ‘cerebro’ financiero de la red corrupta, han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción tras reconocer que han realizado distintos abonos al PPCV con ocasión de las citadas campañas electorales.
APOYO EN SUS CONTACTOS POLÍTICOS
Este juicio de la trama Gürtel, que tanto ha condicionado la agenda política de los últimos años, es el segundo que celebra la Audiencia Nacional.
El primero de ellos fue el relacionado con la primera época de actividades de la red liderada por Correa (1999-2005), mencionado anteriormente, cuya sentencia todavía está pendiente.
Ahora el magistrado José María Vázquez Honrubia se encargará de juzgar los hechos investigados en las piezas 1,2 y 6 de la rama valenciana de la causa. El fiscal recuerda en su escrito de acusación que Correa controló un grupo de empresas que «aprovechó» el acceso a «determinadas personas» que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.
Por ello, Fiscalía pide para Correa y Crespo 24 años y medio de prisión; mientras que para ‘El Bigotes’ solicita 27 años de prisión. Estos tres se encuentran ya en prisión cumpliendo la condena de hasta 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
Para los exaltos cargos del PP valenciano solicita siete años y nueve meses de cárcel, menos para la extesorera del PPCV Yolanda García, que sólo se enfrenta a seis meses de prisión. En cuanto a los empresarios arrepentidos han aceptado las penas que oscilan entre 15 y 21 meses.
CORREA BUSCA LA REBAJA DE SU PENA
Por su parte, el líder de la Gürtel también busca una rebaja de su pena. Unos días antes del comienzo de la vista oral remitió un escrito al juez en el que reconoció que los servicios que Orange Market prestaron a los ‘populares’ valencianos fueron abonados «mediante facturas correctas; mediante pagos en ‘b’ y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas».
Anticorrupción explica que a finales de 2006 el PPCV contrató a Orange Market S.L., cuyo responsable era Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ para preparar los actos electorales.
El fiscal subraya que los acusados «no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente» y que con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los servicios se abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros.
La única cuantía declarada por Orange Market y por el PPCV en relación a los procesos electorales son 175.000 euros, correspondiente a la organización de actos con motivo de las elecciones autonómicas de 2007. Sin embargo, la Fiscalía entiende que fue «muy superior» el servicio que el partido encargó y recibió de esta empresa.
DOS AÑOS DESPUÉS DE QUE EL JUEZ LES SENTASE EN EL BANQUILLO
Este juicio se celebra casi dos años después de que el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata dictase apertura de juicio oral contra los 20 acusados, de los cuáles uno de ellos se sienta en el banquillo a petición de la acusación popular ejercida PSOE valenciano.
Realmente, la investigación de estas tres piezas la realizó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), pero en marzo de 2015 se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al declarar que no tenía competencia tras la renuncia de Costa y la extesorera Yolanda García a su escaño, por lo que perdieron su condición de aforado.
Está previsto que concluya el próximo 6 de abril tras 22 sesiones.
Las declaraciones de los investigados se realizarán en las primeras tres jornadas para dar paso, previsiblemente, el jueves a los testigos.
En el juicio por los primeros años de la trama Gürtel desfilaron por la Audiencia Nacional testigos de alta relevancia como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exministros del gobierno de José María Aznar o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.
En esta ocasión los testigos más importantes serán el extesorero del PP Luis Bárcenas; el denunciante del caso, José Luis Peñas, ambos a la espera de conocer si son condenados por la pieza anteriomente juzgada; el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps o el de la Cortes Valencianas Juan Cotino. EP.
