El PP seguirá en el juicio de la Gürtel porque se "benefició de fondos procedentes de cohecho y malversación"

El juicio de la Gürtel encara su recta final con las conclusiones del PP y Mato

16 / 11 / 2017 05:59

Actualizado el 02 / 08 / 2018 13:37

El juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), en el que se juzga a 37 personas, entre ellos el presunto ‘cabecilla’ de la red, Francisco Correa, y una decena de ex altos cargos del PP, como su extesorero Luis Bárcenas, aborda este jueves su conclusión con los informes finales de las defensas del PP y de la exministra de Sanidad Ana Mato, considerados partícipes a título lucrativo.

También será el turno para que los acusados que lo consideren oportuno manifiesten un último alegato.

Tras un año y un mes de juicio, la vista oral que se está celebrando en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) llega a su fin. El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, presidido por el magistrado Ángel Hurtado, ha señalado este jueves y viernes para concluir la pieza matriz del caso Gürtel.

Una vez que las defensas terminen de exponer sus respectivos informes de conclusiones –que comenzaron el pasado 30 de octubre, después de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones–, será el turno del representante jurídico del PP y de Mato.

El Ministerio Público reclama 245.492 euros para la formación política y 28.467,53 euros para la exmujer del exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda al considerar que se han lucrado de las actividades de la red corrupta

ÚLTIMAS PALABRAS DE LOS ACUSADOS

Justo antes de que el tribunal anuncie que el juicio queda visto para sentencia, dará la posibilidad a los acusados de que utilicen, si quieren, el turno de última palabra. No obstante, muchos de los encausados como el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, el extesorero del PP Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias, o las tres personas que pactaron con la Fiscalía –los empresarios Alfonso García-Pozuelo y Jacobo Gordon y el exconcejal de Pozuelo Roberto Fernández– han informado a los magistrados que no harán un alegato final.

Esta circunstancia hará que el juicio acabe con el banquillo de los acusados casi vacío, algo que ha caracterizado gran parte de la vista oral, ya que el tribunal ha dado la opción de no asistir a la sede judicial a aquellos acusados que no quieran pronunciarse.

Está previsto que sí expresen unas últimas palabras el ‘cabecilla’ de la trama, Francisco Correa –que se enfrenta a 125 años y un mes de cárcel–, o el exconcejal de Majadahonda (Madrid) y denunciante de la trama, José Luis Peñas.

El último discurso de Correa está previsto que sea este viernes, según la diligencia de ordenación emitida por la Letrado de la Administración de Justicia –anteriormente denominada secretaria judicial–, a la que ha tenido acceso Europa Press, para que Instituciones Penitenciarias traslade al líder de la Gürtel desde la prisión madrileña de Valdemoro, donde se encuentra cumpliendo la pena de 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el amaño de los contratos del expositor institucional en Fitur entre 2005 y 2009.

ACTITUD COLABORADORA DE CORREA

La defensa del empresario pidió al tribunal, al igual que hizo la Fiscalía Anticorrupción, en su exposición de conclusiones finales, que tuviese en cuenta a la hora de dictar sentencia la actitud colaboradora de su cliente con la justicia al haber reconocido los hechos, que «no los delitos».

El líder de la Gürtel desveló en su declaración que algunas constructoras recurrieron a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente a cambio de comisiones de entre el dos y tres por ciento abonadas a Bárcenas.

El juicio por los primeros años de la trama Gürtel ha sido uno de los más mediáticos, ya que la trama corrupta ha marcado la agenda política desde que estalló hace casi 10 años. El procedimiento se ha centrado en analizar el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. (EP)

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