Nulidad, prescripción e inconcreción en las acusaciones han sido los argumentos comunes a las defensas de los acusados en el juicio sobre la pieza separada de Valencia 1/2/6 del caso Gurtel que afecta al Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
El magistrado titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vazquez Honrubia, juzga desde este lunes a la cúpula del PP valenciano de Francisco Camps.
Junto a ellos a los principales protagonistas del caso Gurtel y los empresarios a los que se acusa de financiar ilegalmente por casi tres millones y medio de euros dos campañas electorales del Partido Popular.
Aquí figuran eventos en que intervino Mariano Rajoy en 2008 y la acusación indica que se pagaron por el PP en negro, que incluso abonó de esta forma actos de campaña de Mariano Rajoy en 2008.
Algunos han reconocido los hechos
Tanto los empresarios como el líder de la trama, Francisco Correa, han reconocido los hechos para llegar a un acuerdo que atenúe su condena.
Correa apuntaba en un escrito a la Fiscalía, en dirección a Camps, quien no se encuentra encausado en este caso.
Nulidad, prescripción y falta de concreción en las acusaciones han sido los argumentos de las defensas de los acusados para exculpar a sus representados.
Miguel Durán, abogado de Pablo Crespo, ha vuelto a la carga con el habitual argumento de solicitar la nulidad en base a las grabaciones realizadas en la cárcel de Soto del Real a los protagonistas del caso Gurtel que llevaron a la inhabilitación de Baltasar Garzón por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El abogado pidió que se incorporase a este proceso la sentencia de la causa contra el magistrado.
Del mismo modo planteó la nulidad de las grabaciones realizadas por José Luis Peña, en base a una vulneración del derecho a la intimidad.
“Se hicieron para chantajear a Francisco Correa”, aseveró el letrado.
Considera también contaminados a los funcionarios policiales que participaron en la investigación de la primera época de Gurtel en concreto los que intervinieron en las grabaciones iniciales en la prisión.
Rifirrafe con la Fiscalía
Durán protagonizó además un rifirrafe con la Fiscalía cuando planteó que el caso Gurtel había correspondido de forma irregular al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mencionando la palabra “corruptela”.
A esto, la fiscal protestó de inmediato, por lo que el magistrado Vazquez Honrubia reclamó al letrado que moderase sus expresiones.
Durán denuncio que Pablo Crespo, su defendido, está en situación de prisión provisional, sin ordenador y sin poder participar en su defensa por tanto y pidió que se le eximiera de acudir al juicio.
En el caso de Ricardo Costa, sus abogados se sumaron a este planteamiento de prescripción del supuesto delito electoral y a la nulidad de las grabaciones de las conversaciones telefónicas que dicen se realizaron mucho tiempo después de los hechos referidos.
Añadieron que ni la fiscalía, ni la acusación particular, ni la Abogacia del Estado solicitan responsabilidad civil al ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, por lo que se asume que no ha obtenido beneficio personal alguno.
Añadieron que no pudo en ningún caso cometer delito electoral ya que para ello debería haber sido adminsitrador de campaña y nunca lo fue.
Las empresas y sus administradores
Orange Market. Álvaro Pérez Alonso, «el bigotes».
Diseño Asimétrico SL. Administradores judiciales.
RBlanco Asesores SL. Ramón Blanco Balín.
PIAF SL. Administradores concursales.
FACSA . Enrique Gimeno Escrig.
Grupo Vallalba SL. José Enrique Fresquet Martínez.
CHM Obras e Infraestructuras SA. José Enrique Fresquet Martínez.
PADELSA Infraestructuras SA. José Enrique Fresquet Martínez.
LUBASA Desarrollos Inmobiliarios. Alfonso Gil Egido.
Enrique Ortiz e hijos, contratista de obras AS. Enrique Tomás F. Ortiz Selfa.
Ezentis Infraestructuras SA. Vicente Cotino Escribá.
SEDESA Inversiones SL. Vicente Cotino Escribá.
Fundación Pontia. Vicente Cotino Escribá.
