El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha revelado este jueves que el «ataque desleal» a la Constitución y el Estatut del Gobierno de Carles Puigdemont, «con una desobediencia clamorosa» y con «absoluta pasividad» de los Mossos d’Esquadra el 1-O, generó un coste aproximado de 87 millones de euros por el desplazamiento a Cataluña de un contingente de 4.500 policías y guardias civiles y, en tres días, de hasta 6.000 efectivos de refuerzo.
Según ha desvelado Zoido en la Comisión de Interior en el Senado, la presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña en el marco de la Operación Copérnico, desplegada entre septiembre y diciembre, ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades. A esta cifra el ministro ha sumado los 1.000 millones por el «impacto de la desaceleración» económica en Cataluña.
«A Cataluña se han desplazado numerosos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional comisionados en esa Comunidad Autónoma. La cifra no es exacta», ha asegurado Zoido, «porque no todos han estado siempre y al mismo tiempo, pero el dispositivo más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas». Según Interior, durante tres días, el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, el despliegue fue 6.000 efectivos.
Zoido ha calificado de «muy importante» la cifra de 87 millones en gastos directos por el 1-O, «otro alto coste», ha dicho, «que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista de Cataluña».
«Un coste que debemos sumar a los mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras», ha señalado.
Además, ha justificado el dispositivo sin precedentes por la necesidad de dar cumplimiento a los mandatos judiciales, que incluía a los Mossos d’Esquadra, cuya actuación ha sido cuestionada por el ministro y que se mantuvo incluso después del referéndum del 1-O, cuando se desencadenaron «episodios de acoso» contra policías y sus familiares.
En su discurso ha reconocido las incomodidades por la «polémica» contratación de los barcos en la búsqueda de «alojamientos seguros o de fácil protección, de rápida ocupación, pero prolongada en el tiempo, aunque sin poder concretar cuánto y sin poder hacer una contratación muy anticipada».
DISPUESTO A SEGUIR ADOPTANDO MEDIDAS
El titular del Interior ha señalado que los entre 4.500 y 6.000 policías y guardias civiles comisionados -en Cataluña hay una plantilla fija de otros 6.000 agentes, a los que se les suspendió las vacaciones y días libres– realizaron una «vigilancia permanente» sobre las dependencias propias de la Guardia Civil y Policía Nacional, la Delegación del Gobierno o las Subdelegaciones de Gobierno, así como «las sedes de los partidos políticos amenazados».
Otro de los objetivos con especial vigilancia fueron el Tribunal Superior de Justicia, la Ciudad de la Justicia, las Delegaciones de Hacienda, el Banco de España y «determinadas infraestructuras críticas». «También han llevado a cabo servicios de protección y seguridad con carácter esporádico a personas e instalaciones sensibles», ha desvelado Zoido.
Zoido ha lanzado un mensaje final a los senadores: «Este Gobierno está dispuesto a seguir adoptando, por supuesto con el apoyo de todos aquellos grupos que compartan nuestra profunda preocupación, todas las medidas contempladas en la Constitución que sean necesarias para mantener la legalidad y la normalidad democrática e institucional en Cataluña. Y para que todos los catalanes, piensen como piensen, tengan garantizada su seguridad, sus derechos y sus libertades». (EP)
