Escepticismo de los expertos sobre medida de cambiar el computo para cobrar la pensión
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21/1/2018 06:00
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Actualizado: 28/6/2018 13:15
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El anuncio hecho por la ministra de Empleo, Fatima Báñez, del cambio del actual régimen de cotización a la Seguridad Social de los actuales 25 años de cotización tras la reforma del 2013 a toda la vida laboral del trabajador, para que éstos mejorasen su pensión ha creado bastante expectación en el mundo del derecho del trabajo.
Esta medida beneficiaría a aquellos trabajadores que cotizaron más en los primeros años o hasta la mitad de su vida laboral, pero que en los últimos años no lo han podido hacerlo con tanta intensidad por haberse visto afectados por Expedientes de Regulación de Empleo o haberse puesto a trabajar por cuenta propia, reduciendo sus cotizaciones.
Báñez precisó que se trata de una propuesta del PP en la comisión del Pacto de Toledo y que, por tanto, habrá que ver si es aceptada y forma parte de las recomendaciones finales. «Veremos si vez la luz», precisó la titular de la cartera de Empleo y Seguridad Social.
«Algunas personas ven con incertidumbre su pensión futura y nosotros queremos que la pensión sea la mejor posible», añadió. Actualmente, la cuantía de la pensión se calcula en función de las bases de cotización de los 21 años inmediatamente anteriores al mes previo al de la jubilación.
A falta de concretarse la medida, hemos pedido a varios expertos en derecho laboral que forman parte de asociaciones como FORELAB, ASNALA y consultora de servicios profesionales como Grant Thornton un análisis más detallado de la idea de la Ministra sobre esta medida.
Varios organismos, encabezados por la OCDE, han advertido de que debería reformarse el sistema de pensiones para mitigar el efecto del envejecimiento en España, donde según la ONU habrá 76 personas mayores de 65 años por cada 100 personas de entre 20 y 64 años en 2050, frente a las 30 de la actualidad.
La propia ministra Báñez dijo que su grupo parlamentario del Partido Popular, estaría dispuesto a presentar una propuesta más detallada al Pacto de Toledo, una comisión parlamentaria que abordará el futuro de las pensiones públicas en España, un pais como el nuestro que tiene en la actualidad 9 millones de pensionistas.
Más años para mejorar la pensión final
Para Rafael Giménez-Arnau, socio de laboral de Garrigues y presidente del Foro de Abogados laboralistas (FORELAB) “ Hay que partir de que la Ministra de Trabajo no ha fijado una propuesta concreta sino que ha realizado un planteamiento preliminar que debería concretarse en el Pacto de Toledo”.
Y destaca que “dicho planteamiento trata de hacer de la necesidad virtud, y busca un doble objetivo: (i) incentivar períodos de cotización más largos antes de acceder a la jubilación, con el fin de hacer más sostenible el sistema, (ii) a cambio de una mejora en la pensión para el jubilado dado que (parece) podría elegir sus mejores 25 años de cotización”.
Para este abogado “la línea que sigue este primer esbozo es razonable, dado que puede significar un beneficio para aquellos empleados que en la última etapa de su vida laboral hayan tenido cotizaciones inferiores que en épocas anteriores”.
También señala que “a cambio se incentiva que se cotice un período más largo de cotizaciones (fuentes del Ministerio de Empleo hablan de 38,5 años), lo que es una medida positiva para la sostenibilidad del sistema”.
Para Giménez-Arnau “En todo caso, habrá que esperar a ver cómo se concreta finalmente esta medida, así como a las estimaciones y cálculos más afinados que se puedan realizar para valorar realmente el impacto financiero en la sostenibilidad del sistema”
Desde su punto de vista, hay que dejar claro que “No olvidemos que el objetivo principal es, y debe ser, que el sistema sea sostenible y que las pensiones de jubilación estén garantizadas”.
Sobre la medida en cuestión caso de concretarse destaca el presidente de FORELAB que “Si la medida se desarrolla en los términos que están planteados, puede ser innovadora, aunque una mayor flexibilidad siempre puede generar mayores problemas de gestión que deberían anticiparse”.
Y recuerda que “en los países del entorno UE lo que sí se puede afirmar es que en muchos de ellos la base de cálculo de la pensión (el número de años computables) suele ser mayor de los 25 años previstos en España a partir del 2022 (actualmente 21 años en 2018), y en algunos de ellos es toda la vida laboral”.
Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.
La ministra Bañez debe concretar más
Por su parte, Alicia Moro, asociada de Sagardoy, forma parte de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA) y de su grupo de Seguridad Social que se ha puesto en marcha recientemente “lo primero que debemos darnos cuenta que es solo una idea sin configurar realmente. Por eso hay que esperar que la Ministra concrete más dicha iniciativa”.
Desde esa perspectiva “habrá que ver si es relevante esta propuesta si y habrá que ver si beneficia en la práctica a muchos trabajadores. Vamos a una ampliación del cómputo de años de cotización a la Seguridad Social, clave para que el sistema de pensiones pueda mantenerse”.
Otra de las previsiones de esta experta en seguridad social es que ante la situación actual de la llamada “hucha de las pensiones”, las propias cantidades de dichas pensiones s por este entorno en el que desarrollan bajen en su cuantía a medio y largo plazo para que el propio sistema se pueda mantener viable en los próximos años.
La idea de la ministra es que aquellos trabajadores que tengan cotizaciones buenas y dejen de tenerlas por salir del mercado del trabajo antes de acceder a la prestación “se les obliga a estar en el mercado de trabajo y su aplicación práctica será muy pequeña. Pero seria bueno que la ministra desarrollase más la idea ”.
Sobre esta medida y cómo la ha encajado en el mercado reconoce Moro su escaso impacto. Los propios sindicatos han rechazado dicha medida porque señalan que dicha medida de contabilizar toda la vida laboral no afronta el problema de fondo existente del sistema “habrá que trabajar muchos más años y cotizar más”, indica.
Para Moro, “ en principio la iniciativa pretende ayudar a aquellos trabajadores que han sufrido los años de la crisis y reducido sus salarios, pero hay que darse cuenta que la contrapartida de la medida es que tienes que finalizar tu vida laboral trabajando”. Y recuerda los trabajadores que tras el ERE están aún sin trabajar buscando una ocupación laboral.
¿Hay dinero para pagar este incremento de cuantias?
Para Aurora Sanz, socia responsable del área laboral de Grant Thornton “creo que los efectos sobre el trabajador a priori pueden ser positivos. Hay que darse cuenta que muchos trabajadores cuando están en edad próxima a la jubilación puede estar en una situación laboral delicada”.
Así hay situaciones “de extinción del contrato en el marco de un ERE, gente que se les ha rebajado el salario para continuar en la empresa cobrando menso y cotizando menos en los últimos años de su vida laboral”, destaca nuestra interlocutora.
La pregunta que se hace esta jurista “si ante la situación de escasez de recursos económicos que sufre la hucha de las pensiones habrá dinero para esta medida. No hay que olvidar que poner en marcha la medida anunciada por la ministra Bañez supondría un incremento de las cuantías de las pensiones”.
A juicio de esta jurista “ la queja de la gente joven es que van a trabajar muchos años para pagar las pensiones actuales y que cuando les toque a ellos no llegará el dinero para cubrir sus jubilaciones”. Para esta experta nuestro sistema de pensiones debe ser homogéneo, equitativo y realista.
Sanz considera que es importante que el Ministerio de Empleo concrete más la propuesta y la fórmula de alcanzar la misma “en su momento habló de la desconexión digital de los trabajadores para una mejor conciliación, pero al final no hemos vuelto a saber nada sobre esta cuestión concreta. Esta medida es compleja quizás habría que hablar más de flexibilidad laboral”, destaca nuestra interlocutora.
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