José Luis Aristegui, director general de Vortal España, participante en el III Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica (CNCE18).
José Luis Arístegui, director general de Vortal: «La contratación electrónica, con la nueva Ley de Contratos, minimizará el impacto de la corrupción»
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08/2/2018 06:10
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Actualizado: 07/11/2022 10:53
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El próximo 9 de marzo entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 (LCSP). Una ley que obliga a que todas las licitaciones públicas en España sean electrónicas. Es un nuevo escenario desconocido en nuestro país. Porque supone el 21 por ciento del Producto Interior Bruto de España. Su implementación es una apuesta por la transparencia.
Para José Luis Arístegui , director general de Vortal España, empresa líder en soluciones de contratación electrónica a nivel mundial, quien participará en el III Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica (CNCE18), a celebrar en Madrid entre el 14 y el 15 de febrero próximos, la cosa está muy clara: «La contratación electrónica, con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, minimizará el impacto de la corrupción en España».
«Ahora bien -añade- la contratación electrónica no erradicará la corrupción en la compra pública, cifrada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en 45.000 millones de euros principalmente por falta de competencia. Minimizará sus impactos gracias a la trazabilidad y la seguridad que otorga el medio electrónico, evitando poder manipular cualquier dato sin ser alertado, pero en la mayoría de ocasiones, la corrupción está en la fase previa a la preparación del expediente de contratación, colaborando en las especificaciones técnicas para limitar la competencia o bien, favoreciendo escenarios económicos en los que no son necesaria la publicidad».
¿En qué y cómo va a cambiar el funcionamiento de la Administración pública española a partir del 9 de marzo?
La nueva LCSP 9/2017 introduce nuevas formas de contratación como los procedimientos simplificados, el sistema dinámico de adquisición o las consultas previas al mercado, a los que nuestras Administraciones Públicas tendrán que adaptarse.
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, las Administraciones Públicas deberán olvidarse de los procedimientos estrella hasta ahora utilizados, y que han sido focos de una contratación menos transparente, el contrato menor y el negociado sin publicidad por razón de cuantía.
Su uso será muy restrictivo, y concretamente en el caso del contrato menor que supone en la actualidad el 80% de contratos tramitados en una administración local al año, no se podrá aprobar un gasto contra un mismo CIF, superior a los umbrales delimitados por la ley para servicios, obras y suministros.
España no puede tener por su diseño territorial un modelo de contratación electrónica centralizado
¿Será obligatoria también en la fase de publicación?
No sólo en la fase de publicación, también para la recepción de ofertas, adjudicación y comunicaciones con el órgano de contratación. En una España donde a fecha de hoy sólo el 5% de las administraciones públicas licitan electrónicamente, el reto es mayúsculo.
Durante los últimos años no hemos hecho los deberes, hay que decirlo. Hemos traspuesto tarde las directivas comunitarias 24 y 25 del 2014 a esta nueva Ley de Contratos que va a entrar en vigor el 9 de marzo próximo, con una propuesta de multa de la comisión europea por esta incumplimiento de 180.000 € diarios.
No hubo coordinación entre administraciones, ni hasta la fecha un modelo claro de implementación de la contratación electrónica en España, donde soluciones privadas y públicas conviven, en un escenario no interoperable ni regulado, y donde se destinan recursos públicos a mantener y evolucionar plataformas públicas, que no evitan duplicidades con otras plataformas (perfiles del contratante autonómicos) y que además tiene un modelo de integración complejo, poco dinámico y rígido con el mercado.
Usted ha dicho en alguna ocasión que en el ADN de la Administración pública española no está la innovación. ¿Lo mantiene?
Lo mantengo. Eso es algo que sí está en el sector privado, el cual actúa en un mercado en competencia y depende de una cuenta de resultados todos los años, lo cual nos incentiva a tener los mejores productos y servicios, para las administraciones públicas.
España no puede tener por su diseño territorial un modelo de contratación electrónica centralizado. Carece de sentido desde un punto de vista presupuestario por el mantenimiento del mismo, y porque con un mercado de prestados de este tipo de servicios privados el mercado ajustará sus precios debido a la competencia, como ya ha pasado en otros países como Portugal, y carecerá de todos sentido mantener estas infraestructuras del estado, el cual debe ejercer como regulador y con una única plataforma estatal para la publicación de los anuncios de licitaciones y sus resultados, como es la plataforma de contratos del sector público.
Las empresas privadas tendrán que aprender cómo se presenta una oferta de forma telemática, según Arístegui.
¿Para qué deben prepararse, de forma especial, los órganos de contratación en ese nuevo escenario?
Para todo el reporte en materia de gobernanza que la UE impone a los estados miembros, para una mayor fiscalización y control de los contratos, donde tribunal de cuentas y junta consultiva tendrán un papel muy importante. Desgraciadamente los departamentos de contratación de las administraciones públicas no son los más afortunados en cuanto al número de personal trabajando en ellos, y esta nueva ley exigirá esfuerzos importantes que en pequeños municipios serán un auténtico quebradero de cabeza, sino disponen de la tecnología necesaria.
¿Por qué las empresas deben adaptarse a este nuevo escenario?¿Qué se pueden perder si no lo hacen?
Por supuesto las empresas son muy importantes por no decir clave en todo este proceso, la contratación pública representa el 21% del PIB de España con lo cual tiene un impacto muy elevado en la economía privada y el progreso en la sociedad.
Con este nuevo escenario en contratación electrónica y ante la falta de regulación y coordinación, desafortunadamente las empresas se encuentran ante un escenario de estas dados de alta en plataforma privadas y públicas, y tener que aprender cómo se presenta una oferta en cada una de ellas, algunas excesivamente complejas, y con una amplia mejora en términos de usabilidad.
Las empresas más beneficiadas con este modo electrónico de contratación serán las pymes y micro pymes
¿Qué empresas pueden ser las más beneficiadas?
Las pymes y micro pymes, las cuales se adaptarán mucho mejor a trabajar con la contratación electrónica, al menos son los resultados que en otros países que ya han adoptado la contratación electrónica, y administraciones públicas españolas (administración local) que ya llevan trabajando años con la contratación por medios electrónicos.
Las Pymes disponen de procesos y procedimientos muchos más agiles para la adopción de la contratación electrónica que las grandes corporaciones, de hecho la compra pública siempre ha sido por la complejidad de interpretar la legislación y los altos costes de preparar una licitación, una barrera de entrada para las pequeñas empresas, ahora con la contratación electrónica lo tendrán todo más sencillo, pero será clave soporte, mucha formación y seguimiento ayudándoles en todo el proceso.
¿Qué otros países de nuestro operan ya así?
Los países más avanzados en Europa en materia de contratación electrónica, son aquellos que curiosamente han descartado las plataformas públicas para prestar este tipo de servicios, y hay un mercado de operadores de plataformas de contratación electrónicas privados funcionando.
Son ejemplo de ello Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia y Noruega. En este modelo de plataformas privadas, suele ser común que haya un único portal gubernamental, donde las plataformas están obligadas a enviar, los anuncios y los resultados de los concursos, permitiendo una correcta evaluación estadística a través de indicadores de la contratación pública.
En relación a plataformas públicas, están funcionando con éxito en pequeños países, como Chipre, Estonia y Croacia, donde el número de administraciones es muy limitado y por ello tiene sentido concentrar los esfuerzos en una plataforma estatal, que en algunas ocasiones son concesiones a empresas privadas.
¿La Administración será más transparente con la implementación de esta nueva ley?
La nueva ley nace de un amplio consenso en su tramitación, sólo hay que ver el número de enmiendas aprobadas, y con un objetivo claro que es aumentar la transparencia, mayor acceso de las pequeñas empresas a los concursos públicos y con la contratación electrónica, disponer de unos mecanismos de seguridad que en el procedimiento en papel no se disponía, que permitirá una mayor trazabilidad de los datos, así como disponer de datos estructurados en electrónico para disponer de indicadores de cómo compran nuestras administraciones.
¿Por qué es importante este III Congreso Nacional de Contratación Pública? ¿Qué puede aportar a los asistentes?
El #CNCE18 es un Congreso totalmente consolidado, que ya se encuentra en su tercera edición. Su importancia radica en que es el único Congreso que existe donde se debate sobre la nueva normativa a nivel europeo y nacional, y que además aporta la experiencia de administraciones que ya han implementado la contratación pública electrónica y que servirán de guía a aquellas que no lo han hecho tanto de lo que se tiene que hacer como de lo que no hay que llevar a cabo.
Los asistentes podrán escuchar todo lo que necesitan saber sobre contratación pública electrónica directamente de los mayores expertos en contratación pública a nivel nacional e internacional. Además, podrán aprender sobre lo que se debe y no se debe hacer directamente de administraciones públicas que ya han llevado a cabo su adaptación a la contratación electrónica.
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