¿Pueden las empresas controlar el correo electrónico de sus trabajadores?

¿Pueden las empresas controlar el correo electrónico de sus trabajadores?

|
09/2/2018 06:10
|
Actualizado: 12/8/2020 10:29
|

El anuncio de que la dirección de RTVE controlará los correos electrónicos de los periodistas de este público han disparado todas las alarmas y abierto una polémica como es la del control empresarial de las herramientas informáticas de sus trabajadores. Mientras en el ente público se suceden los debates, CONFILEGAL ha pedido a cuatro expertos en derecho laboral si esta medida es lógica y factible en las empresas.

Pere Vidal es Abogado senior de Augusta Abogados y profesor de derecho laboral en la Universidad Oberta de Catalunya. Con él ya analizamos hace días el impacto de la sentencia del TEDH sobre control de las comunicaciones más conocida como Barbulescu II. “Ante la pregunta: ¿Pueden las empresas controlar las herramientas informáticas puestas a disposición de sus empleados? La respuesta es afirmativa, pero teniendo claras las “reglas del juego”.

Nuestro experto revela que “la doctrina de nuestro Tribunal Supremo (Sentencias de 26 de septiembre de 2007 y 6 de octubre de 2011) y de nuestro Tribunal Constitucional (Sentencia de 7 de octubre de 2013) es clara al respecto, al indicarnos que si la empresa ha establecido previamente unas reglas de uso de sus herramientas informáticas y ha informado previamente a los trabajadores de que va a existir ese control y de los medios que van a aplicarse, los trabajadores pierden su “expectativa razonable de intimidad”, por lo que no estaríamos ante una vulneración del derecho a la intimidad”.

Al mismo tiempo destaca que “de hecho, la más reciente doctrina constitucional incluso validaba el control empresarial cuando, aun no existiendo política empresarial expresa, el Convenio colectivo prohibía el uso no profesional de las herramientas informáticas de la empresa”.

Las políticas de control no pueden ser genéricas, deben concretar la extensión, alcance y finalidad de la misma

Vidal recuerda que “sin embargo, la STEDH de 5 de septiembre de 2017 (ya conocida como “Barbulescu II”) ha venido a modular esta doctrina, en el sentido de que la mera prohibición – bien por Convenio o por política empresarial – no es suficiente para validar el control empresarial”.

Para este experto “aún aceptando la posibilidad de que las empresas puedan controlar el correo electrónico de sus empleados, se exigiría que los trabajadores conozcan claramente el alcance y finalidad de la monitorización, evitando injerencias innecesarios (test de PROPORCIONALIDAD que debe superar toda medida restrictiva de derechos fundamentales), debiendo utilizarse los medios menos intrusivos para la intimidad de los empleados”.

Y subraya que “en mi opinión, tras la Sentencia Barbulescu II, podría llegar a cuestionarse la validez de una política genérica que únicamente advierte de una posible monitorización, pero que no concreta la extensión, alcance y finalidad que va a tener la misma”.

Definir un protocolo de control empresarial

Ignacio Hidalgo, es socio director de Chavarri Legal y del área laboral de Chavarri Abogados. Para este jurista “La existencia de un protocolo de uso de herramientas informáticas en la empresa, no es extraño sino todo lo contrario, habitual y necesario”

Al mismo tiempo destaca que “No me parece extraño, por ello, que TVE  ponga en marcha ese protocolo (si no existiese antes) y no me parecería raro tampoco que se produjera una actualización del mismo para evitar (posibles hackeos como se indica en la empresa) o incluso a la ya conocida “doctrina Barbulescu que emana del propio TEDH”

«Los trabajadores pierden su “expectativa razonable de intimidad”, por lo que no estaríamos ante una vulneración del derecho a la intimidad”.

En el caso concreto de  RTVE “sí parece tener relevancia y un peso específico e interesante la duda que pueden existir respecto el choque de derechos que pueden darse en determinadas profesiones (control empresarial vs. derecho a no revelar fuentes u otros vinculados al derecho a la información, como parece ser el caso)”.

A su juicio “en esos supuestos, sin duda alguna sería recomendable que los protocolos tuvieran esos elementos en consideración porque, de no hacerlo, pueden resultar ineficaces para la empresa y provocar tensiones de recursos humanos de difícil solución que lleven a acudir a los tribunales para conseguir anular el protocolo empresarial (lo que podría pasar en este caso)”.

Los protocolos deben adaptarse necesariamente a las particularidades de cada colectivo y de los derechos enfrentados en cada supuesto. Si no se hace así, pueden resultar ineficaces

Para Hidalgo “las exigencias derivadas de la Sentencia Barbulescu del TEDH, podrían afectar a la interpretación que los tribunales de justicia realizaran de estos protocolos por considerar que esos derechos específicos de los trabajadores deben provocar la existencia de exigencias igualmente específicas respecto de la valoración que haya que hacerse de la proporcionalidad y adecuación de la medida de control en el caso de iniciarse una medida disciplinaria contra un trabajador derivada de lo encontrado en un proceso, por ejemplo de monitorización.

En opinión este jurista “podría carecer de sentido privar o limitar a un periodista el acceso a internet hoy en día y podría carecer igualmente de sentido  establecer un sistema de control que ponga en riesgo los derechos (y las obligaciones) de secreto profesional”.

Como conclusión para este tipo de asuntos “es que los protocolos deben adaptarse necesariamente a las particularidades de cada colectivo y de los derechos enfrentados en cada supuesto. Si no se hace así, pueden resultar ineficaces, al no alcanzar los objetivos para los que se crean: romper la expectativa de intimidad del trabajador informándole de lo que puede o no hacer, permitir el control empresarial de la utilización de esos medios para fines contrarios a lo profesional y autorizar la actuación disciplinaria en casos de ruptura de las reglas marcadas”.

Sentencia Barbulescu más rigurosa con los controles de la empresa

El abogado laboralista Carlos Javier Galán es director del despacho Alberche Abogados y fue el primer presidente de la Sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Madrid (julio 2014-enero 2018). Sobre el caso de RTVE es prudente y señala que a falta de toda la información, reconoce que, tanto la corporación como los trabajadores de la misma y sus sindicatos cuentan con profesionales jurídicos muy cualificados.

En términos generales, en estos asuntos Galán cree que  hay que remitirse a la sentencia Barbulescu II del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya no sólo exige, como venía haciendo nuestra jurisprudencia, que el trabajador conozca las prohibiciones de usos y la posibilidad de control del correo, sino que es mucho más rigurosa en cuanto a la obligación de comunicar también el alcance y naturaleza de las medidas de vigilancia”.

Aún aceptando la posibilidad de que las empresas puedan controlar el correo electrónico de sus empleados, se exigiría que los trabajadores conozcan claramente el alcance y finalidad de la monitorización.

Para este laboralista “No obstante, creo que hay un factor importante en este caso que ha de tenerse en cuenta a la hora de ponderar los intereses en juego. En Barbulescu y en la mayor parte de los casos, el conflicto se da entre la facultad de la empresa de controlar la actividad de sus trabajadores y el derecho de estos a la intimidad y, en su caso, al secreto de las comunicaciones”.

Y señala que “en el caso de RTVE y, en general, en cualquier empresa que pueda tener actividad periodística, hay otro derecho más en juego, que es el de la libertad de información del artículo 20.1.d) en toda su amplitud, que incluye el secreto profesional y el no tener que revelar fuentes”.

Nuestro entrevistado confiesa que “en el caso de los trabajadores de programas informativos, esto complica mucho más el encontrar el punto de equilibrio y, sin duda, me parece que exige una mayor ponderación en la aplicación de las medidas de control empresarial”.

En un medio de comunicación como RTVE se necesita una mayor ponderación en la aplicación de las medidas de control empresarial. Hay otro derecho como el de la libertad de expresión en juego

Control empresarial reflejado en Estatuto de los Trabajadores

Por su parte, Ángel Olmedo, socio del área laboral de Garrigues destaca que “el hecho que el empresario pueda establecer un correo electrónico entronca con una de sus facultades que viene en el Estatuto de los Trabajadores como el control de la actividad económica. Esa facultad de control debe cumplir el respeto a los derechos fundamentales del trabajador que en el caso de RTVE viene dado por la intimidad, secreto de las comunicaciones”.

Para este jurista “habría que analizar las últimas sentencias que hemos ido conociendo por los órganos judiciales nacionales e internacionales. De esta forma se viene señalando que el control de correo electrónico se puede llevar a cabo. Pero no puede ser inopinado y sin límites. Ese control debe ser adecuado y proporcionado. Los trabajadores deben conocer del mismo y saber cómo se va a desarrollar y si luego se quiere adoptar medidas disciplinarias”.

Los tribunales al analizar  este tipo de asuntos tendrán que comprobar si realmente esos controles se han hecho de forma planificada, con aviso a los trabajadores y sus representantes,  y no indiscriminados en su extensión en el tiempo

En este contexto, y tras estos fallos judiciales “se han implantado políticas dentro de las compañías que regulaban el uso de dicho correo electrónico y otras herramientas informáticas que son facilitados por la empresa. Para el control sea efectivo, los trabajadores deben ser avisados y las medidas que se toman adecuadas y proporcionales sin lesionar en exceso el derecho  a la libertad de comunicaciones de tal forma que ese control no fuera expansivo para no entrar en comunicaciones personales”.

Para Olmedo “hay que establecer muchas cauteles en este tipo de asuntos. Establecer reglas generales no es sencillo y hay que analizar cada caso en concreto. Hay que ver el protocolo y como se ha desarrollado dentro de la empresa, a la actuación que la empresas desarrolle y a ver la propia normativa que ampara dicho control”.  A su juicio, los protocolos que las empresas desarrollen deben ser muy claros y estar al alcance de los trabajadores.

En el caso de RTVE parece que hay un choque de derechos entre las aspiraciones de los trabajadores y “derecho a la intimidad, secreto de las comunicaciones y el propio secreto profesional del periodista”. La propia Sentencia Barbulescu II de septiembre del 2017 deja claro que no existían esos límites de proporcionalidad para lesionar el derecho fundamental del trabajador a sus comunicaciones e intimidad en aquel supuesto.

De cara al futuro, es evidente que los fallos de los tribunales sobre esta cuestión serán claves para saber cómo interpretan la doctrina europea “en esos fallos nuestros jueces tendrán que comprobar si realmente esos controles se han hecho de forma planificada, con aviso a los trabajadores y sus representantes,  y con una proporcionalidad, no indiscriminados en su extensión en el tiempo para afectar lo menos posible a un derecho fundamental como es el del derecho al secreto de las comunicaciones”.

 

Noticias Relacionadas:
Lo último en Áreas y sectores