Los indultos concedidos por el Gobierno a lo largo del año pasado cayeron a sólo 26, su mínimo en los últimos diez años de un total de 4.241 solicitudes presentadas, todo ello con la intención de hacer un «uso prudente y cauteloso» de esta medida de gracia y aplicar «criterios en consonancia con las demandas sociales».
Así lo ha destacado la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar el informe semestral sobre la concesión y denegación de indultos por parte del Gobierno, tal y como prevé la disposición adicional de la Ley de 18 de junio de 1870, de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, incorporada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal.
De esta manera, Roldán ha destacado que se sigue la tendencia del Gobierno a conceder menos indultos, que han pasado de los 501 registrados en 2012 a los 26 de 2017.
De ellos, 24 tuvieron el apoyo del tribunal sentenciador y solo 2 no tenían el dictamen favorable ni del órgano jurisdiccional que condenó al reo, ni del de Fiscalía.
Respecto al último trimestre de 2017, la subsecretaria de Justicia ha subrayado que «los datos confirman que en el segundo semestre del pasado año el Gobierno ha continuado haciendo un uso riguroso de esta medida de gracia al desestimar en ese periodo un total de 2.421 peticiones de indulto».
«De los seis indultos concedidos, tres están relacionados con delitos contra el patrimonio y otros tres con delitos contra la salud pública», ha puntualizado.
Y ha subrayado que en todos los casos se contó con el criterio favorable del tribunal sentenciador y en cinco de ellos, también con el del Ministerio Fiscal. Asimismo, en los cuatro expedientes de indulto concedidos en el segundo semestre de 2017 en los que existía una víctima o perjudicado concreto por la naturaleza del delito, se contó con su estimación propicia a la medida de gracia.
Roldán ha recalcado la firmeza del Gobierno «en el rechazo a solicitudes de indultos que suscitan una especial repulsa social como pueden ser aquellas relativas a delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad vial y en materia de violencia de género».
La subsecretaria ha destacado que desde 2014 no se conceden indultos en materia de corrupción política.
Asimismo, en el segundo semestre de 2017 tampoco se han estimado peticiones de indulto por parte de personas condenadas por los delitos de falsedad, contra la libertad, contra la integridad física y contra el orden público, entre otras categorías.
En 2017 se registraron 4.241 solicitudes de indulto, la cifra más baja en 10 años
También ha explicado que la tendencia decreciente se debe a que ha bajado el número de solicitudes: mientras que en 2014 se registró el máximo histórico de más de 7.000, en 2017 se registraron casi la mitad, 4.241, la cifra más baja de los últimos diez años.
Asimismo, ha apuntado el principio de individualización de las resoluciones, de manera que no se resuelven de forma automática ni se fijan porcentajes, sino que «se consideran las solicitudes, se analizan las circunstancias y en unos casos se conceden más indultos y en otros menos».
Eso sí, la subsecretaria de Justicia sí ha confirmado que el Ejecutivo, a la hora de otorgar la medida de gracia, sí tiene en cuenta situaciones de dependencia, la situación familiar concreta del condenado o problemas de drogadicción.
Desde el grupo socialista el portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo, ha recordado que el indulto es una medida «residual y excepcional», una institución «vetusta» que no se explica «por qué debe pervivir», pero ha abogado por no dejarla «minimizada o anulada» y por, en todo caso, identificar qué es lo que ha motivado cada concesión.
En este sentido, Marcial Gómez de Ciudadanos ha insistido en que el Gobierno ha «malinterpretado y hecho demasiada extensiva» la sensibilidad de la sociedad a que se concedan indultos, que, ha reconocido, «existe, pero es un rechazo a la concesión de ciertos indultos como corrupción o violencia de género».
«Mecanismo de venganza»
En cuanto a la tramitación de la reforma de la ley del indulto, el diputado de Unidos Podemos Jaume Moya ha preguntado a Roldán por la enmienda que ha introducido el Grupo Popular para impedir la concesión de esta medida de gracia a condenados por rebelión y sedición. En opinión de Moya, la aprobación de esta propuesta sería «poner en manos del Gobierno un mecanismo de venganza».
La subsecretaria no ha querido pronunciarse sobre este asunto en concreto, ya que ha alegado que la reforma de la ley se encuentra actualmente en tramitación y no quiere «interferir» en las labores de la Comisión de Justicia.
